Tuvieron que ocurrir cinco masacres en el país, tres de ellas en 24 horas, que han dejado más de 27 jóvenes muertos en diferentes partes del país, para que el presidente, Iván Duque, dejara de ocuparse del proceso judicial del detenido exsenador Álvaro Uribe, y atendiera a las víctimas de esta aterradora ola de violencia.
Duque, que durante la semana habló en varias oportunidades hasta de reformar la justicia, en relación con el caso del hombre que lo llevó a la Presidencia, apenas sacó tiempo este sábado para viajar al barrio Llano Verde, en Cali, donde fueron masacrados cinco menores de edad el pasado 11 de agosto.
Desde allí el mandatario prometió mayor contundencia del Gobierno en la lucha contra las organizaciones criminales y una mayor velocidad para lograr resultados en las investigaciones por estos hechos que enlutan al país.
“Aquí estamos como Gobierno para rechazar la violencia y les hemos dicho que estaremos entregando resultados rápidamente para esclarecer estos hechos y que se haga justicia”, dijo Duque luego de reunirse con los familiares de las víctimas de Llano Verde.
“Estos hechos son cometidos por la criminalidad organizada, como puede ser este caso en Llano Verde, pero también son producto de grupos criminales como las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, Los Caparros, Los Pelusos y otras bandas al servicio del narcotráfico y extracción ilegal de minerales”, aseguró el mandatario.
Duque dijo que la criminalidad debe ser enfrentada con una perspectiva integral, que garantice seguridad y justicia pero que también llegue con respuestas sociales efectivas a muchas comunidades.
“El rechazo a esta violencia es porque lacera a los jóvenes de Colombia. Duele que en los últimos años las principales víctimas y victimarios sean jóvenes”, agregó.
Durante el presente año, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha documentado 33 masacres.
Por su parte, la organización no gubernamental ‘Save the children’, en su más reciente informe mundial sobre ‘Los peores lugares para ser niño’, ubica a Colombia en el puesto 126 entre 180 países, apenas un poco arriba de El Salvador, El Congo o la vecina Venezuela.
Pero mientras el presidente Duque decidía si viajaba o no a Llano Verde, otras cuatro masacres ocurrieron en el país. La primera fue en Samaniego (Nariño) donde un grupo de estudiantes universitarios departía en una finca. Allí fueron asesinados ocho de ellos, seis hombres y una mujer.
El viernes las autoridades confirmaron otra masacre en El Tambo (Cauca) en la que fueron asesinadas cinco personas, y en Arauca (Arauca), donde el número de víctimas ascendió a cinco.
Y al amanecer del sábado se informó sobre el asesinato de otras seis personas en La Guayacana, en Tumaco (Nariño). En otro hecho, tres indígenas de la etnia Awá fueron asesinados también por desconocidos.
Pese a este aterrador incremento de la violencia, que se suma al asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ambientalistas y reclamantes de tierra en todo el territorio nacional, hasta ahora desde el gobierno solo se habían escuchado voces lamentando la detención domiciliaria de Uribe Vélez, creador del Centro Democrático, el partido de Duque.
“Los vamos a derrotar, eso no ocurre de la noche a la mañana, pero los vamos a derrotar con ahínco y con capacidades integrando de lado de la seguridad y la justicia la inversión social”, dijo Duque, y prometió a las familias de las víctimas que el Gobierno entregará resultados de las investigaciones muy pronto.
Duque también viajó a Samaniego. El mandatario recibió duras críticas durante la semana luego de que se conociera que el alcalde de esa población, Óscar Pantoja, tuvo que viajar 16 horas por tierra hasta Bogotá, para explicarle al Presidente lo ocurrido en su municipio.