El Ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, en el ojo del huracán desde que fue nombrado para el cargo por el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, se enfrenta a la solicitud que la Fiscalía hizo a la justicia para que lo retiren.
La Fiscalía lo señala de parar la fiscalización ambiental y desmontar las políticas del sector, lo que provocó el aumento de la deforestación, los incendios, la minería ilegal y la invasión de tierras.
Un grupo de 12 fiscales pidió a la justicia apartar de manera urgente al ministro y que sea condenado a penas como la pérdida de función pública, la suspensión de sus derechos políticos y el pago de una multa.
Para los fiscales existe un aumento exponencial y alarmante de la deforestación en la Amazonía, como consecuencia directa del desmonte deliberado de políticas públicas para el medio ambiente, que pueden llevar a la selva a un punto de no retorno.
Según los responsables de la petición, los efectos de la fragilidad expuesta de la estructura administrativa son inmediatos, sustentados en el avance de actividades económicas ilegales sobre áreas de selva nativa, incluidas las unidades de conservación y las tierras indígenas protegidas.
“El cambio de normas que eran prohibitivas, la desmovilización de servidores y el desmonte de la fiscalización pueden, en muchos casos, traer efectos irreversibles”, concluyó el pedido.
La medida se ampara en las fuertes declaraciones de Salles durante un video que se dio a conocer de una polémica reunión ministerial con el presidente, Jair Bolsonaro, en abril pasado.
En el video de la reunión, cuya divulgación fue pedida por el exjuez Sergio Moro como prueba para acusar a Bolsonaro por su salida al frente del Ministerio de Justicia, por la supuesta injerencia del mandatario, Salles manifestó que los ministerios deberían aprovechar la crisis para emitir reglas sin pasar por el Congreso.
“Las declaraciones apenas exponen, de forma clara, lo que diversos actos ya confirmaban: existe un verdadero encadenamiento premeditado de actuar contrario a la protección ambiental, caracterizando el dolo, elemento subjetivo de los actos de improbidad”, apuntó el pedido de los fiscales.
Según la petición, desde el inicio de su gestión en 2019, Salles “ha adoptado un sinnúmero de iniciativas que violan el deber de tutela del medio ambiente y desconsiderando normas y criterios científicos y técnicos que le faltan el respeto a los principios ambientales de precaución, prevención y fin del retroceso”.
El ministro ha sido acusado por varios sectores de promover la deforestación en defensa de la legalización de las actividades agropecuarias y mineras en áreas protegidas, y lo señalan como responsable de reducir en un 25% el presupuesto del ministerio de Medio Ambiente y de paralizar el Fondo Amazonia; un fondo internacional de lucha contra la deforestación.
En una nota enviada a la AFP, el ministro dijo que el recurso de los fiscales tiene “posiciones con evidente sesgo político-ideológico en un claro intento de interferir en las políticas públicas del Gobierno Federal” y afirmó que “sus alegaciones son un conjunto de otros procesos ya apreciados y negados por el Poder Judicial”.
Varias organizaciones ambientalistas alertan que 2020 va camino a convertirse en uno de los años más destructivos para la Amazonía, la mayor selva tropical del planeta.