Los soldados Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández, señalados de violar a una menor de edad de la etnia embera chamí en Risaralda, aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo en medio de una polémica porque la Fiscalía no tipificó este grave delito como acceso carnal violento.
Diferentes juristas en el país han expresado su voz de rechazo ante esta situación. La Fiscalía dijo que se imputó el delito de acceso carnal abusivo agravado en menor de 14 años, pero muchos analistas consideran que este tipo penal se da cuando la víctima consiente o acepta la relación sexual.
“Como si la niña embera hubiese dado su consentimiento para tener relaciones sexuales (…) no fue un abuso, no fue un desliz con una niña de la cual no sabían cuántos años tenía. Es indignante porque no están reconociendo que hubo violación”, dijo a RCN Viviana Benavidez del colectivo Derecho Vivo Abogadas.
La experta señaló que este no es el típico caso de una menor de 14 años que tiene novio mayor de edad y tienen relaciones sexuales, tras advertir que “en esos casos se entiende que el consentimiento es viciado por la inmadurez de la niña y el Estado protege a los niños menores de 14 años, de adultos que quieren tener relaciones sexuales con ellos”.
La Fiscalía argumentó que el delito se imputó conforme a las pruebas recolectadas y que es agravado, pero los expertos explican que la agravación se da porque la niña violentada es menor de 14 años.
Pero lo peor de este caso es que no se trata de una acción aislada. “No es ninguna excepción. Esa es la realidad de muchas de las niñas indígenas”, le dijo a BBC Mundo Armando Valbuena, vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia.
El líder social señaló que las menores de comunidades como los embera, wayúu o afrocolombianas en las zonas rurales en Colombia no solo sufren de vejaciones por parte de soldados, sino también por grupos armados irregulares y de “los paramilitares, que siguen creciendo”.
Los embera son un pueblo originario repartido en diferentes puntos de Colombia, especialmente en límites entre Antioquia, Risaralda y Chocó, que sufre con frecuencia la necesidad de desplazarse por la violencia armada y por la pobreza.
Adriana Benjumea, directora de la organización Humanas, que trabaja por la justicia de género, alertó sobre la desprotección que enfrentan en el país los menores de edad, especialmente comunidades indígenas, que han sido “históricamente excluidas y discriminadas”.
Diferentes organizaciones indígenas expresaron su repudio a lo sucedido e incluso reclamaron que los autores de la violación sean “entregados y juzgados” bajo su legislación.
Los soldados que aceptaron su responsabilidad en los hechos se exponen a una pena entre 16 y 30 años de prisión, que podría ser redimida con trabajo y estudio. Y aunque reconocieron el hecho, no podrán recibir el beneficio del 50 por ciento de la pena. Seis de los imputados responden en calidad de autores y uno más como cómplice.