La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria formal contra la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, para determinar su responsabilidad disciplinaria por las presuntas irregularidades en la etapa precontractual de la licitación pública denominada centros digitales, así como en la firma y ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia, para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a internet.
La decisión, proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, ordena la práctica de pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad “relacionado con el contrato estatal de aporte No. 1043 de 2020 suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, para trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en cumplimiento al principio de economía procesal”.
Contra esta decisión no procede recurso alguno y la funcionaria investigada podrá rendir versión libre, si así lo considera.
Ese contrato, que fue declarado caduco, era para llevar internet a escuelas rurales, y se firmó por más de 1 billón de pesos, del cual se alcanzó a pagar un anticipo de 70.000 millones de pesos.
Las averiguaciones del Ministerio Público vienen desde diciembre del año pasado, cuando se alertó por primera vez que en el contrato había irregularidades desde su estructuración, porque al parecer habría intervenido un asesor del ministerio que, posteriormente, pasó a ser asesor del proponente Centros Poblados.
En este proceso, la Contraloría también anunció que embargará los bienes de las empresas que componen la Unión Temporal hasta por el doble de los 70 mil millones de pesos entregados como anticipo para la ejecución del contrato.