A la par de que continúan las manifestaciones en las que los jóvenes han sido protagonistas, el Gobierno alista un documento de política pública para impulsar el empleo, la educación y mejorar la institucionalidad, que acoge a este grupo de población y que tendría un costo de $7,6 billones por cuatro años.
Se trata de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) para la juventud, que fue publicado hace un par de semanas para comentarios, pero que ahora está siendo sujeto de estudio en el marco de las negociaciones del Comité del Paro. Por eso, aunque ya esté listo el borrador, puede haber cambios significativos.
Según explicó Daniel Gómez, subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), “en el proceso de construcción de este documento se venía avanzando desde el año pasado, antes del paro. Pero eso hay que retomarlo con toda la conversación que se está teniendo con jóvenes. Por eso es que el borrador que se publicó para comentarios va a estar sujeto a más discusiones. Este documento es importante porque funciona como estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la juventud”.
El documento hace un diagnóstico de las barreras de acceso que tienen los jóvenes a la educación, al empleo e, incluso, a que se les garanticen sus derechos y que puedan ser parte de espacios de participación ciudadana, por ejemplo. Y ante todas esas dificultades plantea algunas salidas, como mejorar la institucionalidad, darles más herramientas a los jóvenes para que consigan empleo, se formen y tengan mayores herramientas para desarrollarse.
Plantean que el Ministerio de Educación diseñe e implemente iniciativas para promover que los jóvenes transiten y permanezcan en la educación media, la doble titulación, así como el fortalecimiento de la media técnica agropecuaria. Incluso, para los jóvenes en condición de vulnerabilidad plantean que se les den ayudas para que continúen su proceso de educación secundaria y media incompleta y la puedan terminar.
En el caso de educación superior proponen que continúen los programas gratuitos para que jóvenes de bajos recursos puedan entrar y permanecer en la universidad. De igual manera, plantean que desde el Icetex se lideren programas para que se oriente y se acompañe a los jóvenes en sus procesos educativos.
Y para el caso de aquellas habilidades que necesita el mercado laboral y que no ofrecen las instituciones educativas, en el Conpes ponen sobre la mesa algunas iniciativas para que se empiecen a incluir estas nuevas necesidades en los programas del Sena y la Escuela Superior de Administración Pública.
Además del paquete de estrategias para fomentar el acceso a la educación y el empleo, también proponen una serie de medidas para que los jóvenes tengan mejores condiciones de salud, acceso a actividades artísticas, que se les protejan sus derechos y se les garantice su participación en espacios políticos.
Adicional a lo que se planteó en el documento, en estas casi cuatro semanas de protestas, el Gobierno ha anunciado medidas para los jóvenes como educación superior pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3; subsidios para emplear a este grupo de personas, ayudas para compren vivienda, y financiación para proyectos agropecuarios. Los dos programas de subsidios y de crédito podrían valer alrededor de $800.000 millones.
¿QUÉ FALTA?
Ante los anuncios del presidente y en medio de las discusiones de lo que se debería hacer para los jóvenes, expertos han planteado algunas ideas y en cuanto a las medidas ya anunciadas en las últimas semanas dicen que son un buen camino, pero no son suficientes.
Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, dice que “se requieren cambios estructurales para solucionar los problemas de fondo. Estas medidas, aunque permiten aliviar el bolsillo de los jóvenes a corto plazo o generar incentivos a la contratación de jóvenes, deben estar acompañadas de otras, como por ejemplo, acelerar la vacunación y evitar cuarentenas”.
Por eso es que Abadía dice que se requiere formar jóvenes que no tienen educación superior para trabajo de alta calidad, en áreas en las que las empresas están necesitando manos y que hacen parte de la vocación productiva de las regiones.
En ese sentido, Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, planteó recientemente en una columna publicada en Portafolio, que se haga un rediseño del programa de Jóvenes en Acción para triplicar su cobertura de 400.000 a 1,2 millones de jóvenes y que dure hasta por lo menos el 2023.
“Es un marco para que la Nación y las ciudades se puedan dedicar a incentivar la formación en jóvenes. Y a través de la iniciativa, la oferta también se puede ampliar a la empresa privada. Tenemos que asegurar que se den incentivos para la formación, porque así podemos llegar a las personas más pobres, que no tienen el tiempo para formarse”, apuntó Angulo.
A su turno, Silvana Amaya, analista senior de Control Risks, también agregó que “es necesario conectar las realidades y necesidades del sector privado con la oferta laboral para los jóvenes del país. Para esto se necesita crear un diálogo permanente. Esto contribuiría a diseñar una agenda más aterrizada y concreta de empleabilidad”.
Ahora queda que el Gobierno logre acuerdos con los jóvenes en las mesas de negociación del paro. Juan Sebastián Arango, consejero de la Juventud, dijo que “el pacto avanza con las escuchas activas en 24 departamentos del país. Ha sido un diálogo muy franco”.