El presidente venezolano, Nicolás Maduro dio un paso atrás en la decisión de expulsar a la jefa de la delegación de la Unión Europea (UE) en su país, Isabel Brilhante Pedrosa.
La decisión, por la que Maduro le daba un plazo de 72 horas a la diplomática para salir del país, se produjo el pasado 29 de junio luego de que la UE impuso sanciones a varias personas del entorno del mandatario venezolano.
Sin embargo, el canciller de ese país, Jorge Arreaza, anunció que luego de una conversación telefónica con el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrel, su gobierno decidió dejar sin efecto la decisión.
Bruselas impuso la prohibición de viajar al espacio Schengen y congelar los activos de 11 dirigentes venezolanos considerados afines al régimen, entre ellos el opositor disidente Luis Parra.
El alto representante de la UE y Arreaza emitieron un comunicado conjunto en el que señalan que coincidieron en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, “especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes puede facilitar los caminos del diálogo político”.
Además, ambos “acordaron promover los contactos diplomáticos entre las partes al más alto nivel, en el marco de una cooperación sincera y del respeto al derecho internacional”.
Pese al anuncio de la convocatoria de elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre, la salida a la crisis en Venezuela está lejos de despejarse. El líder opositor Juan Guaidó, perdió fuerza y sobre él pesan muchos cuestionamientos, particularmente después de la denominada ‘operación Gedeón’, un intento de golpe militar fracasado que dejó, entre otras cosas, la captura de dos contratistas militares estadounidenses y grandes dudas sobre el papel de Guaidó y de su entorno.
Estados Unidos y la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos no dan señales de relajar la presión y, así las cosas, la Unión Europea aparece como un interlocutor para explorar salidas a la crisis.
Caracas optó por reconsiderar la expulsión justo cuando la justicia británica decidió secundar la negativa del Banco de Inglaterra de entregar al régimen las reservas de oro, lo que es en sí una confirmación del reconocimiento de Guaidó como presidente interino.