Este martes, el Tribunal Constitucional de Perú ha emitido una orden de liberación para el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de la decisión opuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el año pasado.
Según el auto del TC, firmado por tres de los actuales seis miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, se establece: «Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori».
La resolución declara fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado en el presente proceso.
Este veredicto llega después de que el pasado viernes, un juzgado en la región sureña de Ica declarara improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvía el caso al TC.
Francisco Morales, presidente del máximo tribunal, había afirmado que las autoridades debían «proceder a la excarcelación inmediata» de Fujimori, contradiciendo dos resoluciones de la CorteIDH. Morales aclaró un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
En su resolución, el TC también ha llamado «severamente la atención» al juez de Ica y lo ha instado a «poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus».
Cabe destacar que el indulto a Fujimori, concedido el 24 de diciembre de 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, tras la solicitud de la CorteIDH para garantizar la administración de justicia a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
La semana pasada, antes de la decisión del juez de Ica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del TC condujera a la excarcelación de Fujimori, recordando la importancia de cumplir con los estándares interamericanos establecidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. La CIDH solicitó al gobierno peruano un informe sobre el cumplimiento de lo ordenado en su resolución del año pasado.