En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, la Defensoría del Pueblo expone las conclusiones a las que se llegó en las mesas de diálogo, que fueron realizadas con los distintos sectores de los trabajadores, gremios, sindicatos, empresarios y sociedad civil, para conocer sus perspectivas sobre los posibles cambios que traería la reforma laboral.
A través de la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo tres mesas de trabajo con los distintos sectores productivos de los departamentos de Nariño y Santander y en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de dialogar sobre las principales preocupaciones de los trabajadores, empresarios y sectores comerciales de estos departamentos, ante los posibles cambios que traería la reforma laboral radicada ante el Congreso.
El Gobierno Nacional ha realizado una serie de anuncios que serían los principales cambios que se registrarían en la próxima reforma laboral. Uno de los cambios más importantes, es la modificación y reducción de los contratos de prestación de servicios, priorizando en mayor medida los contratos a término indefinido. Esta primera propuesta ha sido criticada desde varios sectores, ya que en algunos departamentos como Nariño se caracterizan por tener un alto número de este tipo de vinculación laboral, y en donde la mano de obra se fundamenta en este tipo de contratos.
Para los gremios, inclusive para las autoridades del gobierno departamental, los cambios en este tipo de contratación podrían acabar con la competitividad de la mano de obra de estas regiones, e incluso, se podría generar una crisis institucional ya que muchas alcaldías y gobernaciones operan con un alto número de este tipo de contratos.
Para esto, los gremios y los sectores de interés proponen que este tipo de cambios se analicen desde un enfoque territorial y geográfico, ya que no todos los departamentos tienen las mismas dinámicas comerciales y laborales, por lo que una reforma a nivel nacional podría servir en algunos departamentos, pero tener consecuencias en otros.
La principal expectativa y temor se genera en la limitación de contratos a término fijo y por obra o labor, pues en la mesa de trabajo los grupos de interés manifestaron que en las empresas públicas y privadas hay un gran porcentaje en esta modalidad, en las cuales, muchas personas llevan más de 10 años con estos contratos e incluso hay personas que se han pensionado a través de este sistema.
Por otro lado, la reforma laboral no determina una herramienta para proteger o considerar a los trabajadores que, en caso de aprobación, tendrían que pasar a una vinculación laboral por término indefinido.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que para prevenir una crisis en los sectores económicos de algunos departamentos y evitar una crisis en la funcionalidad de muchas entidades públicas, se necesita un régimen de transición.
“Muchas empresas no están en la capacidad o disposición de formalizar contratos laborales indefinidos, por lo que es necesario que el Gobierno Nacional considere un régimen de transición y protección a los trabajadores que se encuentran dentro del sistema de contratos referidos”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
Algunos gremios, como Fenalco, han expresado su preocupación y dudan de que si desaparecen los contratos por prestación de servicios y se busque formalizar el trabajo a término indefinido y reducir las brechas de informalidad, esta medida tenga un resultado adverso, fomentando la informalidad.
Por otro lado, sectores como el de la academia consideran que no se debe desconocer el factor productivo y económico que garantizará que se materialice la protección laboral que pretende la reforma. Es decir, si la productividad económica se desconoce y decae los índices de crecimiento en los distintos sectores laborales, habrá muchos trabajadores con derechos reconocidos, pero sin un sector que pueda garantizarlos en el largo plazo.
Es por esto que es importante generar espacios de diálogo para socializar de mejor manera el proyecto de la reforma laboral, ya que aún hay incertidumbre para muchos de los actores, generando inseguridad ante posibles efectos adversos a los que el Gobierno Nacional espera tener con esta reforma.
Finalmente, Carlos Camargo Assis enfatizó que para la Defensoría del Pueblo es vital defender los derechos de los trabajadores, de los empleadores y en general de los habitantes del territorio de colombiano; es por esto que la incertidumbre sobre la aplicabilidad a la protección de los derechos de los trabajadores, puede terminar impactando sobre los derechos económicos, y sociales de los colombianos.