Ante las denuncias realizadas por ciudadanos, la Superintendencia de Transporte requirió a los organismos de tránsito de diez municipios en donde, al parecer, no se ejercen controles sobre la informalidad y la legalidad en el sector transporte, encontrando méritos para formular cargos por presuntamente no utilizar eficientemente sus recursos para mitigar esta problemática en cada una de sus jurisdicciones.
Según el Superintendente de Transporte, Wilmer Arley Salazar Arias, “esta Entidad, en ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control, cuenta con la facultad para verificar que los Organismos de Tránsito cumplan con su deber legal de combatir, a partir del ejercicio de un control efectivo y eficiente, la actividad informal e ilegal que altera y atenta contra la debida prestación del servicio público de transporte en su respectiva jurisdicción. La legalidad, la equidad y la transparencia son las políticas fundamentales del Gobierno Nacional y deben ser cumplidas siguiendo lo dispuesto en la normatividad vigente para nuestro sector, entre otras cosas, con el fin de propender por los principios de seguridad, calidad y libre acceso en la prestación del servicio a los usuarios y la sana competencia entre los empresarios”.
Organismos de Tránsito investigados:
Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta (Antioquia)
Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira (Valle del Cauca)
Secretaría de Movilidad de Itagüí (Antioquia)
Secretaría de Movilidad de Copacabana (Antioquia)
Secretaría de Movilidad de Sincelejo (Sucre)
Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo (Valle del Cauca)
Secretaría de Movilidad de Villavicencio (Meta)
Secretaría de Tránsito Distrital de Tumaco (Nariño)
Secretaría de Tránsito y Transporte de La Tebaida (Quindío)
Secretaría de Transporte y Tránsito de Caldas (Antioquia)
Esta Entidad recibió múltiples quejas de ciudadanos manifestando que en los municipios y/o ciudades mencionadas se presenta el fenómeno de ilegalidad e informalidad en el transporte público y que, posiblemente, los organismos de tránsito respectivos no están adelantando las labores necesarias y efectivas para combatir tal problemática.
Por lo anterior, la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre requirió a los diez organismos de tránsito mencionados, a efectos de verificar qué labores han realizado y realizan en pro de la prestación del servicio formal y legal de transporte en sus respectivos municipios y/o ciudades.
Una vez analizadas las respuestas otorgadas por cada organismo de tránsito, sumado a las quejas presentadas por la ciudadanía se evidencia que, presuntamente, no han utilizado eficientemente los recursos con los que cuentan y no han realizado las gestiones necesarias para mejorar o ampliar instrumentos para combatir la ilegalidad y la informalidad presentes en el transporte público en su jurisdicción.