La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) superó con sus investigaciones y hallazgos el umbral de verdad conocido hasta ahora por el país. Solo en el último año, la JEP ha hecho imputaciones contra los responsables de los peores crímenes ocurridos en el conflicto.
Tanto en el caso 01, conocido como el de secuestro, así como en el 03, que investiga los ‘falsos positivos’, los comparecientes han empezado a reconocer responsabilidad y se han comprometido a reparar el daño causado a las víctimas. Otros están por hacerlo, y si no lo hacen y son vencidos en juicio, se exponen a sanciones con penas de cárcel de hasta 20 años.
Para llegar hasta este punto ha sido determinante la labor de la magistratura, de la Secretaría Ejecutiva, que soporta toda la operación administrativa de la entidad (y representa a las víctimas y comparecientes ante la JEP), y el trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación de la entidad.
En esta tarea, la JEP ha consolidado su presencia en los territorios y este año abrió su oficina territorial en Turbo (Antioquia). Esta se sumó a las otras que ya operan en Bucaramanga, Medellín, Pasto, Quibdó, Villavicencio, Corozal, Cúcuta, Neiva y Florencia.
Entre las cifras presentadas que dan cuentan del trabajo de la entidad, hay que destacar los 13.311 comparecientes que ya se han sometido ante la JEP y que vienen siendo vinculados a los 7 macrocasos que investiga la Sala de Reconocimiento. De ellos, 9.819 son exintegrantes de las Farc, 3.329 de la Fuerza Pública y 151 terceros civiles.
Aunque la mayoría de comparecientes continúa por el camino dialógico, este año, tanto dentro del caso 01 así como el 03, se dieron las primeras tres remisiones a la Unidad de Investigación y Acusación de comparecientes que no asumieron su responsabilidad frente a las imputaciones que les hizo la Sala de Reconocimiento. Ellos iniciarán la ruta adversarial dentro de la Jurisdicción.
La JEP ha asumido los casos de quienes no contribuyen a los objetivos de la paz y ha actuado con severidad. En total, se han adoptado 53.011 decisiones judiciales, entre estas, las de la expulsión de 36 personas, que incumplieron gravemente sus obligaciones.
Además, se han realizado 941 sesiones de versiones voluntarias en las que la magistratura ha recogido los testimonios de por lo menos 958 comparecientes, a fin de avanzar en el esclarecimiento y sanción de los crímenes que investiga.
Más de 486 informes, entregados a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, ilustran la confianza que depositan en la JEP quienes más sufrieron los vejámenes del conflicto. De hecho, la Jurisdicción amplió hasta el 21 de marzo de 2022 la fecha límite para que ellas continúen presentando sus informes. Pero esa no es la única vía con la que cuentan para sumar su voz en el proceso judicial. Son más de 300.000 víctimas las que se han acreditado para participar y 4.719 las que han sido representadas ante procesos judiciales de la Jurisdicción.
En 2021, la JEP siguió desenterrando la verdad e intervino cementerios en Antioquia, Sucre y Caquetá. Luego de avanzar en la investigación de los casos 03, conocido como el de ‘falsos positivos’, así como el 04 que prioriza la región de Urabá, se completaron 13 entregas dignas de cuerpos, además se han adoptado más de 26 medidas cautelares de protección en zonas donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.
Durante la presentación de la rendición de cuentas que la JEP llevó a cabo este lunes en Bogotá, el Secretario Ejecutivo de la entidad, Harvey Suárez; el presidente de la Sección de Apelación, el magistrado Danilo Rojas; Giovanni Álvarez, director de la UIA y Mireia Villar Forner, coordinadora residente interina de la ONU en Colombia, adelantaron un diálogo sobre la presencia territorial de la Jurisdicción, sobre cómo el alto tribunal garantiza la centralidad de las víctimas y qué se está haciendo para ofrecer garantías a quienes allí participan.
“La JEP se propuso ubicar a las víctimas en el centro del proceso y, luego de cuatro años, podemos decir que esa apuesta ha sido exitosa. Esta afirmación se sostiene en el número de acreditaciones, la intensa participación de ellas en los macrocasos, la presentación de informes y la formulación de observaciones a las versiones. Continuaremos actuando con eficiencia y con el mayor compromiso en el cumplimiento de los deberes consignados en la Constitución para que todas estas condiciones se mantengan”, señaló Harvey Suárez.
Por su parte, Giovanni Álvarez hizo énfasis en el lanzamiento del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, a cargo de la UIA, que busca alertar sobre las atrocidades del conflicto que se mantiene y mitigar los riegos de los colombianos que participan activamente del modelo de justicia transicional.
De acuerdo con los reportes que entregó el director de esta dependencia de la JEP, este año se ha realizado la caracterización y diagnóstico de 15 sitios de interés forense en el país en los municipios de San Onofre, Norcasia, Samaná, Puerto Berrío, Aguachica, Neiva, Marsella y San José del Guaviare. Además, se dio trámite a 1.364 solicitudes de protección de intervinientes ante la JEP, 589 de ellas, durante el 2021.