La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hizo un llamado al Congreso de la República para que elimine el artículo 221A del proyecto de ley anticorrupción, que establece la cancelación o personería jurídica a quienes injurien o calumnien a servidores públicos.
«Desde la FLIP expresamos nuestra preocupación por estas medidas que son altamente inconvenientes para el ordenamiento jurídico, y regresivas para la garantía de la libertad de prensa. Preocupa que el acoso judicial encuentre nuevos respaldos en la legislación, cuando esta censura está prohibida por la Constitución», dijo en un comunicado la organización.
Con 59 votos por el Sí 53 por el No, la Plenaria aprobó tres proposiciones de sustitución para modificar el artículo, eliminando las penas de cárcel y económicas a quienes injurien o calumnien a servidores públicos.
«Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías, ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisito legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 de 2004”, señala el artículo aprobado.
El congresista Germán Navas Talero indicó que «la decisión es un engendro. Con este mico que pretenden colgarle a esta nueva ley anti-corrupción, lo que realmente quieren es intimidar a la prensa. Señores: si no hubiese sido por la prensa, esta sería la hora en la que el país no se habría enterado sobre los 70 mil millones que nos abudinearon».
El proyecto fue radicado el 29 de octubre de 2020 y sus autores fueron la entonces ministra del Interior, Alicia Arango; el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz; entre otros funcionarios del Gobierno. Y el pasado 1 de diciembre dicha iniciativa fue radicada por el representante de Cambio Radical, César Lorduy, ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para último debate y convertirse en ley de la República.
Desde la oposición aseguraron que demandarán este apartado del proyecto ante la Corte Constitucional. «La derrota es suya y nada los va a salvar de la vergüenza que les corresponde. Devuelvan cada uno el título de abogado, porque lo que están haciendo es la muerte del derecho penal. Esto no tiene ninguna justificación», arremetió el congresista Inti Asprilla.