Las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en la Costa Caribe manifestaron de manera pública en Valledupar sus observaciones, dudas y exigencias frente a lo consignado en la resolución de Conclusiones No. 3, expedida en contra de exintegrantes del Batallón ‘La Popa’, imputados por estos graves crímenes y que reconocieron su responsabilidad en julio de 2022.
“Las víctimas una y otra vez demandamos verdad, verdad y verdad”, les dijo Laura Piña a las magistradas y magistrados de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz de la JEP durante la audiencia. Piña es hija de Álvaro Adolfo Piña, asesinado en marzo de 2005 y presentado como baja en combate. Laura encabezó el grupo de 11 familiares de víctimas que intervinieron en la primera jornada de la diligencia, que duró dos días.
Cada uno de los familiares presentaron sus observaciones que serán un insumo fundamental para que el Tribunal Especial para la Paz avance en la etapa de juicio que lleva la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
Sus palabras aún expresan el dolor por la pérdida de sus seres queridos y dejaron saber que, a pesar de los reconocimientos y los aportes de verdad presentados por los comparecientes hace un año, aún quedan importantes detalles por saber en algunos casos puntuales.
Por ejemplo, el señor Armando Pumarejo, padre de Carlos Alberto Pumarejo, señaló que todavía espera que los comparecientes aclaren las circunstancias en las que fue asesinado su hijo, que señalen a otros altos mandos posiblemente responsables y restituyan su dignidad. La señora Neftalina Romero, por su parte, tomó fuerzas para hablar por primera vez públicamente sobre el asesinato de su hijo, Nelson Romo Romero. “Pido que limpien el nombre de mi hijo”, clamó dominada por el llanto.
Otras víctimas se centraron en manifestar sus desacuerdos con algunas tareas, obras y actividades con contenido restaurador (Toar) propuestas por los comparecientes y consignadas en la Resolución de Conclusiones. “Los proyectos que ellos tienen no van de acuerdo con el proceso de muchas víctimas”, dijo Rocío Escorcia, hermana de la víctima Jhon Jáder Escorcia, quien pidió que se les consulte sobre cómo se pueden sentirse reparadas.
Se destaca la presencia de autoridades Kankuamas, Wiwa y Afrocolombianas, además del uso de diversos elementos simbólicos y actos restaurativos aportados por las organizaciones de víctimas y sus comunidades para vestir la diligencia, cuyo significado fue explicado por Katherine Pacheco, familiar de una víctima.
La magistrada Ana Manuela Ochoa, quien estaba acompañada de la magistrada Zoraida Chalela y los magistrados Camilo Suárez y Juan Ramón Martínez, reconoció el valor de estas expresiones simbólicas: “Hemos pensado mucho en las familias que están hoy aquí, en que todas, con seguridad, guardan en sus casas los recuerdos y los retratos de sus hijos, nietos, padres, hermanos y hermanas que fueron arrancados de sus vidas violentamente”, dijo.
Los representantes de las víctimas también intervinieron para enumerar algunos retos jurídicos y procesales que, a su juicio, se pueden presentar en esta etapa de juicio.
El viernes 1 de septiembre, la audiencia continuó para recibir las observaciones de los comparecientes a través de sus abogados. Los 12 comparecientes imputados se conectaron de forma virtual y sus representantes intervinieron tanto presencial como virtualmente.
Los abogados hablaron del compromiso con la verdad que tienen los comparecientes y su disposición para seguir ampliando información que satisfaga la petición de las víctimas. También propusieron que se haga un encuentro dialógico y restaurativo entre víctimas y comparecientes para definir los (Toar) teniendo en cuenta las necesidades y deseos de las víctimas.
La sección continuará en la tarea de recoger las observaciones a las resoluciones de conclusiones expedidas hasta la fecha. A inicios de julio pasado, la sección recibió las observaciones de víctimas y comparecientes a la Resolución de Conclusiones contra el antiguo Secretariado de las extintas Farc -EP en el caso de secuestro.