Un juez especializado de Bogotá dictó una sentencia condenatoria de 20 años y tres meses de prisión para el exescolta del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jaime Ernesto Gómez Muñoz. Esta condena se relaciona con su participación en el asesinato del excomandante del M-19 y candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, que tuvo lugar el 26 de abril de 1990.
Además de la pena de prisión, en el mismo fallo de 163 páginas, el juzgado décimo penal especializado de Bogotá ha impuesto a Gómez Muñoz una indemnización de más de 1.250 millones de pesos como reparación por los daños morales infligidos a los familiares del excandidato presidencial.
La sentencia también ha denegado la posibilidad de prisión domiciliaria para el condenado y ha establecido que una vez que esta condena se vuelva firme, se emitirá una orden de arresto correspondiente contra Gómez Muñoz.
La juez Martha Cecilia Artunduaga Guaraca ha declarado culpable a este exfuncionario por los delitos de homicidio con fines terroristas, en complicidad con concierto para delinquir y porte ilegal de arma de fuego o municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.
A pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de muchos años por funcionarios vinculados al DAS para desviar la investigación y enfocarla hacia Pablo Escobar, finalmente no lograron su objetivo. A pesar de la presión ejercida sobre algunos testigos para que retractaran sus declaraciones iniciales o modificaran sus relatos, los propios hermanos Fidel y Carlos Castaño confesaron su participación en el crimen.
La sentencia subraya que el papel del DAS fue más allá de la implicación del detective escolta en el asesinato de Pizarro. El organismo, junto con su equipo de policías judiciales, desvió y corrompió las investigaciones sobre los asesinatos, atribuyendo erróneamente la responsabilidad a la estructura criminal dirigida por Pablo Escobar Gaviria, lo cual ha sido descartado de manera concluyente en términos de pruebas.
Además, la sentencia establece que se ha demostrado la existencia de un aparato organizado de poder que planificó y ejecutó el asesinato del líder y candidato presidencial de izquierda, Carlos Pizarro. El crimen tuvo lugar en la mañana del jueves 26 de abril de 1990, cuando un sicario conocido como Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Yerri, disparó contra Pizarro mientras estaba sentado en la silla 23 A del vuelo HK 1400 de Avianca, que había despegado poco antes del aeropuerto internacional El Dorado.