Francisco Javier Zuluaga, más conocido como ‘Gordolindo’, puso en aprietos ante la Procuraduría a las directivas del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Minima Seguridad de Bogotá, que, presuntamente, lo dejaron en libertad de manera irregular.
Las informaciones dadas por distintos medios de comunicación llevaron al Ministerio Público a requerir a la Dirección General del Inpec, sobre el paradero de ‘Gordolindo’, recluido en la cárcel la Picota y de donde habría salido el pasado 29 de noviembre de 2022, al parecer, no solo de forma irregular sino con deudas pendientes con la justicia .
De acuerdo al ente de control, el Inpec deberá explicar la situación en la que se encontraba el procesado y si efectivamente fue dejado en libertad, no sin dejar de remitir copias de la boleta de libertad y las constancias de verificación .
Asimismo, el director del Inpec tendrá que entregar un informe detallado de los protocolos que se siguen para conceder la salida a un privado de la libertad.
De la recopilación de pruebas exigida por la Procuraduría también hacen parte las comunicaciones emitidas por la Fiscalía General en las que se advertía al Inpec sobre la situación jurídica de ‘Gordolindo’.
De igual forma, los requerimientos hechos por el órgano de control abarcan toda información sobre el personal asignado, los turnos, las actas de firmas, y las funciones de cada uno de los guardianes que intervinieron en la fecha de los hechos.
En el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se presentó como comandante de un bloque. Sin embargo, con el tiempo se comprobó que había pagado una alta suma de dinero para que lo ingresaran a esta lista, esto pese a que jamás había hecho parte de esta estructura criminal.
El juzgado quinto de ejecución de penas de Bogotá reseñó que a Gordo Lindo, el 30 de junio de 2021, el juzgado cuarto especializado de Cali lo condenó a 66 meses y 18 días de prisión, y una multa de 451,4 salarios mínimos legales vigentes, por el delito de lavado de activos. En esa decisión se le negó la libertad condicional o la detención domiciliaria.