La Comisión extraordinaria enviada a Chocó por la procuradora Margarita Cabello Blanco, encontró que más de 650 familias indígenas que permanecen desplazadas en 12 asentamientos en Quibdó, no están siendo atendidas por las entidades del Estado, de acuerdo con el enfoque diferencial que la ley dispone para ellos. También que las órdenes plasmadas en el fallo de tutela para reubicarlos en sus territorios ancestrales, no se están cumpliendo.
En visitas a dos asentamientos, Las Palmas y Baudata, en zona rural de Quibdó, la Procuraduría evidenció las precarias condiciones en que viven, carentes de toda clase de garantías a sus derechos, sin vías de acceso, en casas artesanales que cuentan con techos de plástico, sin paredes y sin posibilidades de acceso a la salud.
Entre los casos expuestos por los líderes indígenas estuvo el de un niño mordido por una serpiente, que hasta el momento no ha recibido atención médica y ha sobrevivido gracias a la medicina ancestral indígena.
El plazo dado por el juez para que se cumpla con todas las órdenes dadas, vence en noviembre próximo, por eso la comisión especial de la Procuraduría prepara un informe al juez que falló la tutela, para que este requiera a las entidades que están incumpliendo las órdenes emitidas.