“El anuncio de las disidencias de las Farc de la refundación del frente 53, en Cundinamarca, Vichada y Guaviare, es un retroceso para el bienestar y la tranquilidad del país y de los habitantes de estos departamentos, así como en los pasos que nos buscan llevar a la paz”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Agregó que “los verdaderos gestos de paz se dan con la destrucción de las armas y el mejoramiento social de una población afligida. Al contrario, armando a más hombres y mujeres se aumenta el riesgo y las posibilidades de violar los derechos, el respeto a la vida y de que la comunidad sufra por delitos como los desplazamientos, el reclutamiento forzado, extorsiones y los homicidios selectivos, por ejemplo”.
No es un secreto que estos tres departamentos tienen sectores donde la violencia y los grupos armados ilegales, como estas disidencias, originan riesgos y cometen ataques contra la población civil.
Precisamente, hace pocos días la Defensoría del Puelo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 012-23 debido a una serie de acciones violentas de las que han venido siendo objeto los habitantes de los municipios de Calamar, Miraflores, El Retorno y San José (Guaviare), atribuidas a la disputa por la división entre integrantes del Frente Primero Armando Ríos de las disidencias de las Farc.
Esta alerta, de hechos ocurridos en los primeros meses del año y la primera semana de abril, da cuenta de cómo las comunidades están sufriendo silenciosa y progresivamente violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Son nueve homicidios, un sinnúmero de amenazas y desplazamientos, la renuncia o abandono del cargo de miembros de las Juntas de Acción Comunal de estas poblaciones, extorsiones y afectaciones flagrantes a menores de edad.
Pero no son solo estas tres regiones: son recientes también las alertas para Meta, Guainía o Huila porque las disidencias de las Farc cometen ataques, secuestros o restricciones a la movilidad en medio de combates, así como hace poco llamamos la atención del país por el desplazamiento forzado de 10 familias indígenas en Vaupés.
Por ejemplo, en la Alerta Tempana de Inminencia 010-2023, la Defensoría del Pueblo indicó que hay un riesgo para los habitantes de los corregimientos de Vegalarga y Río Ceibas, de la zona oriental de Neiva, y las áreas colindantes de los municipios de Tello y Baraya, en Huila.
Esto porque hay riesgo de atentados contra la vida, integridad, libertad y seguridad la población civil, que se pueden materializar en amenazas, desplazamientos, homicidios, tributación forzada vía exacción o extorsión y de manera posible, aunque remota, enfrentamientos con interposición de población civil.
Para Guainía, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 03 de 2023 para advertir el grave riesgo que padecen los habitantes de los municipios de Inírida (casco urbano, zona del puerto, Resguardo El Paujil y asentamientos Informales) y las áreas no municipalizadas de Cacahual, Puerto Colombia, San Felipe y La Guadalupe.
Desde el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo se evidencia que en ese departamento los grupos armados organizados adelantan la explotación ilegal de oro y coltán, además del narcotráfico, para financiar sus actividades.
En cuanto a Meta, son al menos 26.000 habitantes de los municipios de Lejanías, El Castillo y Cubarral los que se encuentran en alto riesgo de afectaciones a sus derechos humanos. Así se evidenció en la Alerta Temprana 004 del 2023, como consecuencia de las disputas entre grupos armados ilegales, entre los que están las disidencias de las Farc.
En este departamento, la Defensoría del Pueblo encontró graves afectaciones a los derechos humanos por homicidios selectivos, amenazas, extorsiones y la exigencia, de manera violenta, del pago de ‘impuestos’ contra campesinos y habitantes de estos tres municipios.
Presencia nacional de las disidencias de las Farc
La Defensoría del Pueblo emitió, entre el 2017 al 2022, un total de 136 Alertas Tempranas en las que se advierten riesgos por la presencia o accionar de las facciones disidentes de las Farc. Esto correspondió al 52 por ciento del total de las Alertas Tempranas emitidas por la Entidad en ese lapso. Aunque están en al menos 237 municipios y 29 departamentos, los más afectados han sido Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca.
“Por todo esto, consideramos que es urgente y crucial que se adopten medidas para proteger a las comunidades y que con este grupo armado ilegal prevalezca el diálogo y no el rearme. Y, a su vez, que demuestren con hechos que, en realidad, como lo dijeron en un comunicado, buscan la justicia social, la democracia y la soberanía”, concluyó Carlos Camargo Assis.