“Nuevamente exhortamos al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) para encontrar una solución definitiva que permita el cierre del boquete del dique conocido como ‘Care gato’, en San Jacinto del Cauca (Bolívar), que se rompió el 27 de agosto de 2021. Las familias están desesperadas y sufren una grave afectación de sus derechos humanos, debido a las inundaciones”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Por la temporada de lluvias y ante las inundaciones derivadas de los ríos Cauca y San Jorge, se estima que hay una afectación de unas 35.000 familias. Es decir, al menos 500.000 personas; más de 3.000 viviendas averiadas y otras 500 viviendas destruidas; así como han resultado afectados 10 puentes vehiculares; 6 puentes peatonales; 7 centros de salud; 9 acueductos y 72 centros educativos deteriorados o destruidos. Adicionalmente, se han perdido 47.000 hectáreas de cultivos, 6.757 bovinos, 6.803 porcinos, más de 40.000 aves de corral y 301 estanques de acuicultura.
“Es por eso que desde la Defensoría del Pueblo reiteramos el llamado realizado el mes de septiembre pasado, en búsqueda de que se implementen acciones estructurales que garanticen el desarrollo de proyectos productivos, la seguridad alimentaria y la prestación de servicios básicos”, agregó Carlos Camargo.
Con base en las alertas tempranas del IDEAM, se emitió la Resolución Defensorial 75 de 2020, en la cual se hicieron recomendaciones frente a la garantía de los derechos de la población en el marco de la atención de las emergencias causadas por los eventos climáticos extremos y que se dirigió a las autoridades e instituciones que tienen a su cargo la responsabilidad de hacer frente a la atención de las emergencias.
La Defensoría del Pueblo en diferentes ocasiones ha advertido sobre la grave situación que se vive por las inundaciones en La Mojana y ha solicitado a la UNGRD, a los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo y a las entidades territoriales que, de manera articulada, se adopten medidas urgentes ante las consecuencias que se presentan por el fenómeno de La Niña.
En los diferentes requerimientos se ha advertido la necesidad de evaluar y actualizar los planes de gestión del riesgo, reforzar las actividades de monitoreo de las condiciones de riesgo y hacer seguimiento a las alertas emitidas por el IDEAM.
Reiterados llamados de la Defensoría en diferentes escenarios
Así mismo, la Defensoría del Pueblo ha participado en los Puestos de Mando Unificado (PMU), dentro del marco de protección de los derechos humanos ha realizado múltiples requerimientos a los municipios, gobernaciones, Corporaciones Autónomas Regionales, al Fondo de Adaptación y UNGRD con el fin de acompañar a la comunidad, solicitando información sobre los avances de las obras de emergencia y acciones para la atención oportuna y eficaz de la problemática.
De igual manera, un equipo de la Defensoría del Pueblo adelantó una mesa de trabajo en el municipio de San Marcos (Sucre) con organizaciones campesinas, autoridades y gremios con el fin de analizar la problemática causada por las inundaciones, además, para identificar alternativas para la protección de los derechos de las comunidades.
A principios de octubre de 2022, la Defensoría del Pueblo también recomendó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que se evalúe la necesidad de aumentar, dentro del Presupuesto General de la Nación, los recursos para conocer, reducir y atender el riesgo de desastres como consecuencia del cambio climático y la temporada invernal que afecta al país.
Posteriormente, el 22 de noviembre, se instaló en Montería una mesa de diálogo entre la comunidad y el Gobierno Nacional, donde se adquirió el compromiso de realizar los estudios técnicos por medio del Batallón de Ingenieros Militares y las Fuerza de Tarea Aquiles, dirigidos al cierre definitivo del chorro de ‘Care gato’ en el plazo de un mes y a ajustar el CONPES 4076 de 2022 para incluir dentro de las actividades el diseño de la solución definitiva de las inundaciones en La Mojana.
“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que luego de un año y medio no se tenga una solución definitiva a la situación que viven las comunidades de los municipios que conforman La Mojana y que se estén incumplimiento los compromisos adquiridos por la UNGRD, como lo manifiestan las comunidades”, reiteró Carlos Camargo.
Se insta de igual manera a la UNGRD para que tome medidas oportunas en la atención de la emergencia y la adopción de medidas definitivas para solucionar la problemática asociada a las inundaciones que se vienen presentando recurrentemente en la región de La Mojana con el fin de prevenir afectaciones a la comunidad.
Y mientras tanto, que se continúe en la entrega a la comunidad afectada de kits de asistencia alimentaria, así como de los apoyos económicos a los pequeños productores agropecuarios, que por cuenta de las afectaciones y en particular por la intensa lluvia de los últimos días, han visto afectada su calidad de vida.