En una audiencia pública realizada en las oficinas de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fue adjudicada la megaobra del Canal del Dique al consorcio Sacyr Concesiones Colombia. S.A.S.
Esto se da después de tres meses de estar suspendido por conversaciones con las comunidades aledañas al proyecto y a los requerimientos que le hizo la Justicia Especial Para la Paz (JEP).
El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI-, adjudicó el proyecto de APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal de Dique al consorcio Sacyr Concesiones Colombia. S.A.S.
“La adjudicación del Canal del Dique fue nuestra prioridad desde el primer día, pero para lograr esto, sí o sí, queríamos escuchar a las comunidades. Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro era fundamental atender las preocupaciones que tenían las comunidades, los órganos de control, la JEP, el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto del Canal del Dique. El Estado tiene una deuda histórica con la región, pues además de rescatar ecosistemas que venían en constante degradación, con esta iniciativa fluvial mitigaremos el impacto ante probables inundaciones”, indicó Guillermo Francisco Reyes González, ministro de Transporte.
Para lograr este objetivo, el Gobierno cumplió con todas las etapas previas que incluyeron procesos de socialización con comunidades en al área de influencia del canal. Además, durante la estructuración se hicieron más de 250 mesas de trabajo y se protocolizaron 16 procesos de consulta previa ordenados por el Ministerio del Interior, que tuvieron acompañamiento de Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República.
Incluso, estos procesos de diálogo y concertación se mantendrán durante toda la ejecución del proyecto. “Tenemos un profundo respeto por las comunidades y estamos cumpliendo con una de las solicitudes del presidente Gustavo Petro: que el proyecto fuera socializado con los pobladores. El compromiso de la ANI es que estos procesos sigan durante la preconstrucción, construcción y operación, porque vamos a crear oportunidades para los pobladores, garantizando su seguridad alimentaria, pero respetando su pasado y sus tradiciones”, dijo William Camargo Triana, presidente de la ANI.
Este es una iniciativa que tendrá una inversión de $3.25 billones, que incluye obras de operación y mantenimiento y tendrá una longitud total de 115.5 kilómetros, y beneficiará a 19 municipios de la zona entre Calamar y Cartagena.
El proyecto consiste es una serie de exclusas en el brazo artificial del Río Magdalena y el dragado a ciénagas con los cuales se busca mitigar el problema de las inundaciones en los pueblos que están a orillas del afluente.