En su informe trimestral sobre la misión de verificación de la ONU en Colombia, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reconoció los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz en temas que son transversales en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto y el progreso hacia la imposición de las primeras sanciones.
Asimismo, se refiere a la adopción de medidas cautelares, la realización de audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad y la apertura de nuevos macrocasos con enfoques de género, étnicos y territoriales.
El informe de Guterres, que comprende el periodo del 28 de junio al 26 de septiembre de 2022, destaca que la JEP “sigue avanzando hacia la imposición de sus primeras sanciones propias, entre otras cosas, celebrando audiencias públicas destinadas a responder a las demandas de reparación y no repetición de las víctimas y a fomentar la reconciliación”.
El Secretario General se refiere a las audiencias públicas de reconocimiento realizadas en Ocaña y Valledupar por ‘falsos positivos’ y la del antiguo secretariado de las extintas Farc-EP en Bogotá por los casos de secuestro.
Un hito de este periodo que resalta el informe del Secretario General es la firma en agosto del protocolo que activó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias (MMVSP) entre la JEP y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
El secretario destaca que el mecanismo conformado por la Sección de Primera Instancia en casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la Secretaría Ejecutiva de la JEP y la Misión de Verificación “apoyará la implementación y el cumplimiento de las sanciones propias fomentando el intercambio de información y la coordinación con instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil, comunidades étnicas, víctimas, personas sometidas a la Jurisdicción Especial y organizaciones internacionales”.
El informe también destaca la apertura de tres nuevos macrocasos: el Caso 08, que investigará los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, u otros agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; el Caso 09, que investigará los crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos; y el Caso 10, que investigará otros graves crímenes e infracciones al DIH cometidos por las Farc-EP.
Como factor diferencial que propende hacia la satisfacción de las demandas de las víctimas de forma transversal, el informe de Guterres subraya la importancia que se apliquen enfoques diferenciales de género, territoriales y étnicos, como lo viene realizando la JEP, así como también la realización de audiencias en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto.
En relación con la situación de seguridad de los excombatientes, el informe llama la atención sobre los continuos asesinatos de personas firmantes del Acuerdo y señala que las medidas cautelares ordenadas por la JEP que, junto con la Unidad Nacional de Protección, han “acelerado la aprobación de nuevas medidas de protección para excombatientes”.
Finalmente, el informe tilda de “encomiable” la labor de la JEP y de los otros componentes del Sistema Integral para la Paz, resaltando el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y también celebra que el nuevo Gobierno se haya comprometido en apoyar y respetar al Sistema.