En la primera medida adoptada por el nuevo Superintendente Nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, para garantizar el derecho a los servicios de salud oportunos y de calidad que tiene 541 mil ciudadanos de Huila y Boyacá, se ordenó la liquidación del programa de salud Comfamiliar Huila, principal administrador de recursos de salud en este departamento.
Mediante la resolución 5521-6 de este 26 de agosto, la Supersalud ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios, así como la intervención forzosa administrativa para liquidar del programa de salud de la Caja de Compensación Familiar del Huila, teniendo en cuenta la crítica situación que atraviesa y que hoy tiene en riesgo la vida de sus afiliados en los departamentos de Huila y Boyacá.
“De acuerdo con el seguimiento realizado, esta Entidad Promotora de Salud no logró implementar acciones contundentes que permitieran garantizar una atención integral a los ciudadanos; no podemos permitir que las administradoras de recursos no cumplan con su rol y pongan en riesgo al ciudadano y seguiremos tomando decisiones en los casos que identifiquemos vulneración a sus derechos”, dijo el Superintendente, al anunciar la orden de liquidación de esta EPS.
La Supersalud evidenció el crítico estado financiero que registra esta EPS y el avanzado deterioro en sus indicadores asistenciales, factores que ponen en serio riesgo la prestación del servicio de salud de la población afiliada, que en su gran mayoría son personas en condiciones vulnerables que pertenecen al régimen subsidiado.
El programa de salud de la Caja de Compensación Familiar del Huila se encontraba desde abril de 2019 bajo medida de vigilancia especial que fue prorrogada sucesivamente en cinco oportunidades por la Supersalud a lo largo de los últimos tres años y medio frente al deterioro acentuado de los principales indicadores de operación.
En reciente evaluación a sus indicadores, la Supersalud evidenció en la EPS Comfamiliar Huila uno de los más altos niveles de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) del régimen subsidiado por lo que estaba entre las EPS con más quejas en los dos departamentos donde opera.
Las quejas estaban relacionadas con demoras para acceder a consulta de medicina especializada, la falta de oportunidad en la programación de cirugías o exámenes de laboratorio, y la falta de suministro oportuno y completo de los medicamentos.
En los primeros 8 meses de este año recibió más de 8.267 PQRD de sus afiliados y solamente en el periodo de enero a mayo de este año la EPS fue notificada de 749 acciones de tutela por concepto de atenciones en salud.