Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, exjefes del desmovilizado grupo guerrillero de las Farc, reconocieron su responsabilidad en secuestros cometidos en varias zonas, durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
A los exjefes del Secretariado la JEP les imputó crímenes guerra y lesa humanidad por más de 21 mil secuestros.
En el caso 01 la Jurisdicción identificó tres patrones de la política criminal que desplegó la extinta guerrilla en todo el territorio nacional: Financiar a la organización armada en sus diferentes niveles jerárquicos, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios.
“Durante la audiencia el país escuchará a las víctimas de cada uno de los tres patrones, sus historias y demandas. Y, en boca de los comparecientes, sus reconocimientos”, señaló la JEP. Este martes se abordó el patrón de privaciones de la libertad para forzar intercambios por guerrilleros presos.
Los siete comparecientes que hicieron parte del secretariado de las Farc aceptaron las imputaciones hechas por la sala el 30 de abril de 2021 en un documento escrito. Las víctimas acreditadas y la Procuraduría General de la Nación “tuvieron la oportunidad de realizar observaciones a este reconocimiento”, añadió la JEP.
“Venimos a asumir responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización que desembocó en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Yendo en contra los valores en los que estaba inspirada nuestra lucha”, expresó Rodrigo Londoño, último comandante de las Farc, ahora líder del partido Comunes.
Londoño señaló que el secuestro se practicó con el objetivo de financiar su proyecto militar. “Cómo es posible reivindicar ante la humanidad como un hecho válido el cosificar a una persona, el convertirla en mercancía en función de financiar un proyecto que reivindicaba la dignidad humana cuando la estábamos posteando y, lo más grave, generando en su entorno familiar una situación de angustia, de incertidumbre, que la mayor de la veces llevó a terminar con proyectos de vida, destrucción de capitales, vínculos familiares y truncar vidas”, sostuvo.
Otro exintegrante que fue citado por la JEP, que aceptó el hecho, fue Rodrigo Granda, explicando que “fueron puestos fuera de combate para forzar un intercambio, un canje por guerrilleros que estaban en las cárceles”.
“Nunca imaginé que la guerra iba a alcanzar tales extremos de crueldad (…). Años después en la negociación en La Habana… entendí lo duro y desgarrador que eso sería sentarme frente a ustedes a escuchar todo el daño que les causamos”, agregó.