Once regiones del país permanecen confinadas por el ‘paro armado’ que adelanta el Clan del Golfo desde el pasado 4 de mayo, cuando Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, máximo jefe de ese grupo ilegal, fue extraditado a Estados Unidos.
Aunque el capo se declaró inocente por delitos conexos con narcotráfico en territorio extranjero, la violencia en el país no da tregua. Según información de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre el jueves y viernes el paro dejó 150 hechos de afectación contra la población civil.
La JEP ha registrado que la banda criminal del Clan del Golfo ha ejecutado una acción violenta cada 20 minutos.
El líder del equipo de prevención de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP informó que este paro armado ha afectado “gravemente los derechos a la vida y la libre movilidad de los ciudadanos colombianos en 119 municipios de 11 departamentos”.
Cerca de 100 vehículos han sido incinerados en varios puntos del norte del país y Antioquia, donde el Clan ha atacado varias estaciones de Policía.
También se han presentado asesinatos. Según el reporte de las autoridades, un policía fue atacado en Yalí, Antioquia, y en Tierralta, Córdoba, y Bojayá, Chocó, dos militares fueron asesinados. En Bolívar mataron a un líder social.
La Procuraduría General de la Nación rechazó el ‘paro armado’ en el territorio nacional realizado por el grupo ilegal organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, así como los planes y actos terroristas ejecutados en este segundo día de recrudecimiento de la violencia, especialmente en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó, lugares en donde se han vulnerado derechos fundamentales como la vida, seguridad y libertad de los ciudadanos; así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Los transportadores aseguran que ante la prohibición de transitar por las carreteras han perdido más de 13 mil millones de pesos. El comercio y oficinas públicas cerraron sus puertas.