Dos días después de la extradición de Colombia a EE. UU. del exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, el grupo ilegal inició un ‘paro armado’ en varias comunidades de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre, que contempla hechos de violencia y amenazas de muerte contra la población civil. Hasta hora se han reportado dos homicidios en medio de esa tensa situación.
Entre los 61 municipios afectados hay ciudades capitales, como Barranquilla y Montería. En esta última, gran parte del comercio de la ciudad fue cerrado. Allí han sufrido por cuenta de la quema de 101 automotores, 36 de estos en vías nacionales.
Entre los vehículos incinerados están dos automotores pertenecientes al programa Desminado Humanitario, los cuales fueron atacados en la vereda La Loma, a 40 minutos del casco urbano de Urrao, suroeste antioqueño.
Por razones de seguridad del personal de EPM y de los carros que transportan el gas, no ha sido posible cumplir con el abastecimiento. En este sentido, si no se normaliza el orden público, tienen riesgo de quedarse sin el servicio de gas natural los municipios de Remedios, San Luis, Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes, Mutatá y San Pedro de Urabá, mientras que ya se presenta escasez en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo.
La situación obligó a Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, a la prohibición desde este jueves y hasta el próximo lunes de la circulación de dos personas en una motocicleta y el porte de armas, además suspendió las clases en colegios públicos y privados.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, redujo la situación a “tres obstrucciones de vía” y a “algunas afectaciones a automotores que han sido incinerados”, pero advirtió que “sigue la ofensiva contra este Clan del Golfo”.