Luego del lanzamiento del documental ‘Unión Patriótica desde las cenizas’, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicaron reveladores datos sobre el caso 06 de la JEP denominado: “Victimización de miembros de la UP”, el cual fue abierto en febrero del 2019.
El magistrado Gustavo Salazar, quien ha liderado el caso en la JEP, aseguró que las cifras de víctimas son mayores que las previamente aportadas por la Corporación Reiniciar, la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y otras fuentes. Se trata, según la investigación de al menos 8.300 víctimas de la UP, de las cuales 5.733 fueron desaparecidas o asesinadas y el resto víctimas de otras formas de violencia como tortura, abuso sexual y exilio.
Para Salazar, esta cifra se trata de un número superior que representa el carácter masivo, generalizado y permanente de la violencia contra la UP. Para él, la única posibilidad de explicar la amplitud en el tiempo del crimen contra la Unión Patriótica es el entramado de aparatos de violencia con diferencias territoriales y “el rol preponderante de agentes del Estado”. El dato procede de cruces comparativos luego de consultar varias fuentes judiciales y civiles y de escuchar centenares de testimonios en el marco del trabajo conjunto de escucha entre la JEP y la Comisión de la Verdad, especialmente con víctimas de la UP en el exilio.
La cifra tiende a aumentar pues se reportan en la actualidad 9.500 hechos victimizantes, que incluyen también tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, amenazas y lesiones personales que tienen la intencionalidad de asesinar con numerosos casos ocurridos tanto en casos de dirigentes nacionales como líderes en los territorios. Son 882 los casos de personas desaparecidas.
“Las cifras no son el rostro de la gente, pero detrás de cada cifra hay un rostro. Esto da una visión del exterminio a un movimiento político y partido político. Eso supone casi el 70% de las víctimas registradas y explica el nivel de impacto y persecución, en todas las épocas”, afirmó el comisionado Carlos Martín Beristain.
La investigación analiza los hitos históricos y se identificaron como los períodos más críticos los años 1988, 1996 y 1997. El 40% de las víctimas letales provienen de Antioquia (Medellín y Urabá especialmente), y le siguen víctimas del Magdalena Medio, especialmente de Santander. No obstante, la violencia política ocurrió en toda Colombia desde La Guajira hasta Arauca.
La pregunta de investigación que continúa vigente es sobre cuáles fueron las intenciones y quiénes los autores detrás de este asesinato colectivo. Los análisis de la JEP y de la Comisión de la Verdad develan una deliberada intención de eliminar a la totalidad de integrantes de este partido político y una correlación con el éxito electoral que a nivel nacional y regional iba alcanzando la UP desde sus inicios.
“Ojalá en Colombia tengamos el coraje de rescatar y presentar con decisión nuestras ideas políticas, los puntos de vista distintos sin que a nadie cueste la vida. Por eso es importante este proceso entre la JEP y la Comisión de la Verdad, para la búsqueda de la verdad y la justicia”, concluyó Francisco de Roux, presidente de la Comisión, en el cierre del evento de lanzamiento.