La Defensoría del Pueblo advirtió un reacomodamiento de las dinámicas criminales en la región del Sumapaz por cuenta de una puja entre las facciones disidentes de las Farc (‘Gentil Duarte’ y ‘Nueva Marquetalia’), que buscan controlar este corredor estratégico y las vías de acceso a la ciudad de Bogotá mediante el uso de la violencia, lo que vulnera los derechos fundamentales de la población.
Así lo explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar la Alerta Temprana 005 de 2022 para la región del Sumapaz, en la cual se advierte riesgo de afectación a la población de la Localidad 20 de Sumapaz, en Bogotá; los municipios de Cabrera, Venecia, Pandi, San Bernardo, Arbeláez, Fusagasugá, Pasca, Tibacuy, Silvania y Viotá, en Cundinamarca, e Icononzo, en Tolima.
Desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo encontró que hay riesgo de que se comentan delitos como el reclutamiento forzado, uso y utilización de menores de edad, constreñimiento a la población en proceso de reincorporación y el transporte de armamento, municiones, mercancías y personal. Además, desde el SAT se ha identificado que los disidentes entregan panfletos, amenazan e imponen horarios y conductas a la comunidad que habita estas zonas.
“Les solicito a las autoridades de las zonas advertidas adelantar las acciones necesarias que impidan el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como el constreñimiento a las personas en proceso de reincorporación que pretende su reingreso a las organizaciones armadas. En general, resulta fundamental impedir cualquier tipo de vulneración a los derechos humanos, particularmente de las comunidades que viven en estas zonas”, señaló el Defensor del Pueblo.
Por su ubicación, la región de Sumapaz conecta con los Llanos Orientales, Tolima y sur del Huila, lo que permite un acceso fácil a Bogotá. “El control de la región del Sumapaz históricamente ha sido prioritario para los distintos actores armados ilegales, desde guerrillas, grupos paramilitares e, incluso, la delincuencia organizada. Esta situación debe acabar definitivamente para que los habitantes y las comunidades vivan en paz”, puntualizó el Defensor del Pueblo.