El decreto expedido por el presidente Iván Duque, el pasado 24 de diciembre, en el que se establecieron 1.208 nuevos cargos o empleos en la Procuraduría General de la Nación sigue generando polémica en el país.
A las críticas formuladas por la oposición y reconocidos dirigentes, por el cuestionado proceso que le costaría al país 12 mil millones de pesos al año, se unió el pronunciamiento de la Coalición Centro Esperanza que le solicitó al mandatario derogar dicho decreto al considerar que tiene un “nocivo efecto electoral”.
“Cuando se filtraron los primeros indicios sobre la expedición de esta medida, la señora procuradora Margarita Cabello negó la posibilidad que ahora se concreta. Llama la atención la fecha escogida para expedir esta norma, en momentos en que el país está celebrando las festividades de fin de año”, indicó la coalición.
En su respuesta a los múltiples cuestionamientos, la Procuraduría aseguró que debe dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020, que impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia disciplinaria, generando la necesidad de separar las funciones de la entidad: designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento. Función que anteriormente estaba unificada en un mismo servidor de la Procuraduría.
“Los cargos a proveer son de diferentes niveles y buscan el fortalecimiento de la función disciplinaria, de acuerdo con las necesidades del servicio, buscando promover políticas como la de primer empleo y la de la profesionalización de la planta de la Procuraduría General de la Nación: el 89% de los empleos a crear (1.080) son de carrera administrativa. El 22% del total de cargos a crear (269) corresponde a promover el acceso al programa del primer empleo”, aseguró la entidad.
El Ministerio Público respondió, así mismo, que se realizó un estudio de funcionamiento de la entidad, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el que se analizaron las cargas laborales, la planta existente de la Procuraduría y las competencias asignadas.
Varias personalidades del país, como Humberto de la Calle Lombana, han señalado que para acoger el fallo de la Corte Interamericana, en época preelectoral, no es necesario que la Procuraduría nombre los más de 1.200 cargos anunciados, entre los que se destacan un director en el despacho del viceprocurador, 10 nuevos procuradores delegados, 32 procuradores regionales y un procurador distrital, entre otros.