La alcaldesa Claudia López recibió la Relatoría independiente sobre los hechos de violencia ocurridos en Bogotá y Soacha el 9 y 10 de septiembre de 2020.
Este trabajo –liderado por el exdefensor del Pueblo, Carlos Negret– tiene carácter académico y extrajudicial, y fue solicitado por la alcaldesa en mayo pasado. Su objetivo es escalecer lo ocurrido, honrar la memoria de las víctimas, y entregar la verdad que los ciudadanos tienen derecho a conocer.
El informe confirma que lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre fue una masacre, como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional.
“La Alcaldía Mayor no tiene funciones de incorporación, de sanción a los policías ni de investigación. Esto le corresponde al Gobierno nacional, pero sí tenemos un compromiso con el esclarecimiento de la verdad”, manifestó la Alcaldesa.
“Asumo enteramente la responsabilidad que me compete, ofrezco una vez más perdón a las víctimas y a mi ciudad. Asumo enteramente la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones de este informe”, afirmó la alcaldesa López.
La mandataria destacó que con la relatoría se avanzó en la garantía del derecho de las víctimas a la verdad, y que seguirá trabajando en las garantías sobre justicia, reparación y la garantía de no repetición.
La relatoría documentó 14 asesinatos –incluido el de Javier Ordoñez–, lesiones por arma de fuego a por lo menos 75 personas, heridas a por lo menos 216 de miembros la Policía Nacional, daños a 78 buses de troncal (9 incinerados) y 51 buses zonales (5 incinerados) y daños a 76 CAI (17 incendiados y destruidos).
“De las víctimas, 14 eran hijos de familias que llegaron a Bogotá en busca de oportunidades. Y trece víctimas pertenecían a familias cuyos ingresos no superan el salario mínimo. Para la relatoría hay una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública”, afirmó Carlos Negret. “Se me pidió entender y explicar los devastadores hechos de violencia en esos días. Me empeñé en la tarea, que duró seis meses en Bogotá y Soacha, donde las familias aún lloran sus muertos, porque en su mayoría los mató una bala del Estado”, agregó.
El informe, que recogió más de 100 testimonios y confrontó 450 fuentes y documentos, documentó siete practicas violentas: uso ilícito de la fuerza; violencia contra la fuerza pública; detenciones arbitrarias; violencias basadas en género; estigmatización de la protesta social; violencia contra bienes públicos y privados; e impunidad. También detalló que una de las expresiones ciudadanas de indignación fue la violencia contra bienes públicos y privados, en especial los que representan a la Policía, la institucionalidad y el orden. Por parte de los integrantes de la Policía Nacional, la practica más generalizada fue el uso ilícito de la fuerza y el desconocimiento de los principios de proporcionalidad y estricta necesidad.
El estudio concluyó que la estrategia de investigación emprendida por la Fiscalía General de la Nación tiene limitaciones para esclarecer lo sucedido, particularmente para reconocer que los hechos sucedieron en el mismo contexto de violencia que rodeó tanto las muertes de las víctimas de homicidio como las lesiones provocadas a manifestantes y miembros de la Fuerza Pública.