El próximo 10 de enero, más de 4.7 millones de personas tendrían que renovar la licencia de conducción con la entrada en vigor del artículo 197, del decreto ley 019 de 2012; sin embargo, con el proyecto de ley aprobado en Cámara y Senado, y que pasó a sanción presidencial, los colombianos estarían exentos de asumir los costos de los nuevos exámenes de aptitud física, mental y coordinación motriz.
El proyecto establece medidas contra la evasión, en la adquisición del SOAT, y a través de la adopción de incentivos que promueven hábitos seguros de conducción y de seguridad vial, evitaría las prácticas inadecuadas al momento de siniestrar la póliza; adicionalmente, fortalece a las entidades aseguradoras, al Ministerio de Salud y la ADRES, pues a partir del 2022 las compañías aseguradoras reconocerán un máximo del 5% de las primas mensuales, emitidas por cargos de intermediación por venta del SOAT.
Los recursos liberados por este concepto, se destinarán a priorizar el pago directo de la cartera adeudada a las IPS, por reclamaciones derivadas de accidentes de tránsito por vehículos no identificados o no asegurados. El Ministerio de salud, por su parte, deberá adoptar vía reglamento, la modernización de la nomenclatura, clasificación y tarificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios, para la atención de los siniestros del SOAT.
El Gobierno Nacional, a su vez, fortalecerá la capacidad institucional y tecnológica de la ADRES, para la recuperación de cartera por tales pagos.
“Este proyecto va a garantizar que aquellos buenos conductores, que no tuvieron accidentes en el 2020 y el 2021, en el momento de renovar el SOAT en el 2022 van a tener un descuento del 10% sobre la prima emitida. Este descuento no es el mismo que establecen las aseguradoras; se garantiza que se acumule con los otros descuentos que brinden las aseguradoras”, afirmó el representante y autor, Alejandro Vega.
La iniciativa favorecerá a “cerca de 16 millones de automotores, más de 9 millones de motociclistas y 6 millones automóviles. Tras la aprobación en el Congreso la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes enviará el proyecto a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para la sanción presidencial que ocurrirá al regreso del mandatario de su gira europea.