Por orden de la Corte Suprema de Justicia, fue capturado el senador de Cambio Radical Richard Aguilar, quien está siendo investigado por presuntas irregularidades en contratación cuando se desempeñó como gobernador de Santander.
El congresista fue aprehendido por agentes del CTI de la Fiscalía en el norte de Bogotá, “por presuntos hechos de contratos sin requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos, concierto para delinquir y peculado en la Gobernación de Santander”, según indicó la Corte Suprema.
En este caso, por tratarse de la supuesta comisión de algunos delitos contra la administración pública, es decir relacionados con presuntos hechos de corrupción, se aplicaría la figura de la ‘silla vacía’ y el partido Cambio Radical podría quedarse sin una curul en el Senado de la República.
El artículo 134 de la Constitución Política, establece que “en ningún caso podrán ser remplazados” los congresistas que hayan sido condenados por delitos graves, de narcotráfico o “dolosos contra la administración pública” y agrega que tampoco podrán reemplazarse las faltas temporales “de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos” por esta clase de faltas.
Esto quiere decir que la denominada ‘silla vacía’ comienza a operar desde el momento en que se efectúa la captura de algún legislador que está sindicado de haber cometido hechos de corrupción.
Según informó la Corte Suprema de Justicia, la decisión de emitir medida de aseguramiento se adoptó en desarrollo de la investigación que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015.
Además, señala que en los hechos también pudo haberse presentado una posible “concertación para delinquir” y un abuso del poder que ostentaba.
“Según el proceso, en la celebración de negocios jurídicos cuestionados, el entonces mandatario regional habría ordenado a algunos funcionarios de la Gobernación del departamento, favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él”, sostiene la Corte.
Las supuestas irregularidades tendrían que ver con los contratos de obras de interventoría del estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga, obras en la carretera San Gil – Charalá y otras obras de mejoramiento vial en el departamento de Santander.