Con el fin de identificar cambios en los patrones socioculturales que legitiman o justifican violencias contra las
colombianas, se presentaron los resultados de la tercera medición del Estudio de Tolerancia Social de Violencias contra Mujeres, liderada por la Vicepresidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con el apoyo de ONU Mujeres y Usaid.
La encuesta de tolerancia social se aplicó a 3.526 personas y la de tolerancia institucional, a 1.044 servidoras y servidores competentes en la ruta de atención a mujeres víctimas de la violencia, en Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Florencia, Medellín, Pasto, Popayán, San Andrés de Tumaco y Villavicencio, ciudades que también se habían cubierto en las mediciones anteriores, efectuadas en 2010 y 2015.
La Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, resaltó que Colombia camina en la dirección correcta, en aras de proteger a las mujeres y blindarlas de cualquier tipo de violencia. “Los resultados son alentadores, pues se muestra un avance importante en las regiones y se evidencia cómo los procesos de formación y sensibilización a la ciudanía y a las entidades del Estado están dando fruto. Casa vez la sociedad rechaza más la violencia contra las
mujeres; es importante continuar fortaleciendo el trabajo con la comunidad y con los servidores públicos, ya que -en menor medida- aún persisten imaginarios que justifican la violencia”.
Los resultados establecen que las tres entidades más reconocidas por la población para acudir en caso de agresión o algún tipo de violencia contra las mujeres son: la Policía (70,9% frente a 51% en 2015), la Fiscalía (37,3% frente a 31,1% en 2015) y las comisarías de familia (21,6% frente a 21% en 2015).
Así mismo, sugiere la necesidad de fortalecer acciones educativas y de comunicación dirigidas a la población en general, y de formación dirigidas a los servidores públicos, pues se mantienen creencias que culpan a las víctimas de estas violencias. En la encuesta de tolerancia social, el 17% de los hombres y 13% de las mujeres creen que “las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen”. No obstante, debe anotarse que este porcentaje ascendía al 37% en 2015, tanto en género masculino como femenino.
La Representante de ONU Mujeres Colombia, Bibiana Aído Almagro, aseguró que “esta publicación nos ofrece una hoja de ruta, donde se señalan elementos de oportunidad para que conjuntamente sumemos esfuerzos para garantizar que ninguna mujer o niña en ninguna región del país sufra violencia”.
Por su parte, la Subdirectora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia, Martha Aponte, señaló que “sabemos que se requiere de una transformación cultural en la erradicación de violencias contra las mujeres. Esto es una tarea compartida entre la sociedad y las instituciones encargadas de prevenir, atender y
sancionar las violencias. Todos tenemos la responsabilidad de transformar las normas sociales y los valores culturales que discriminan a las mujeres”.
En el evento de lanzamiento, se resaltaron las acciones que desde el Gobierno Nacional se vienen adelantando en el marco de la Estrategia Integral Mujeres Libres de Violencias para prevenir las violencias contra las mujeres y promover acciones de transformación cultural.
Colombia cuenta con un Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, tanto en el ámbito nacional como territorial, como efecto de la expedición del Decreto 1710 en diciembre de 2020.
Se destacan, además, el fortalecimiento de las Comisarías de Familia, la elaboración y expedición de protocolos y lineamientos para la prevención y el abordaje integral de las violencias contra las mujeres, la prevención del riesgo de feminicidio, la realización de Consejos de Seguridad territoriales centrados en las violencias contra las mujeres y la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo.
“La encuesta nos muestra la importancia de seguir trabajando en la cualificación técnica de los servidores públicos relacionados con la ruta de atención de las violencias y en estrategias de transformación cultural que rechacen este tipo de comportamientos en las familias y en toda la sociedad”, agregó la Consejera Gheidy Gallo.