El pasado viernes, el Gobierno Nacional anunció reformas en el Ministerio del Interior y la creación de dos comisiones para investigar violaciones de los derechos humanos.
Entre las modificaciones, según dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios, en BLU Radio está que el Viceministerio para la Participación y la Democracia del Ministerio del Interior, se transformará y pasará a ser el Viceministerio del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos.
“Avanzamos en garantizar la protesta pacífica, pero también en respetar a quien no protesta”, explicó el funcionario en Mañanas BLU.
El ministro explicó que el Viceministerio del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos buscará profundizar el diálogo para evitar conflictos, en varios niveles.
Sobre los bloqueos durante las manifestaciones, el ministro Palacios dijo que el decreto 003 de 2021 no los prohíbe, sino que se basa en lo establecido por la ley para este tipo de protestas.
“Hay que hacer una diferenciación grande, que además está en el decreto, y es que una cosa con las pequeñas incomodidades que se generan en las manifestaciones y los bloqueos”, explicó.
Añadió que siempre prima el diálogo, antes de la aplicación de cualquier uso de la fuerza y rechazó las críticas que dicen que el Gobierno no puede determinar la legalidad de una marcha con base en un decreto.
“Hay unas modificaciones al decreto. Habrá una comisión de seguimiento a las denuncias de violación de derechos humanos, posible abuso de la fuerza. Estas modificaciones fueron solicitadas por las organizaciones de derechos humanos”, dijo.
El ministro aclaró que el decreto es producto de un fallo de la Corte Suprema de Justicia y que lo que hace el decreto son unas definiciones en el marco de la ley.
Por su parte, el constitucionalista Rodrigo Uprimny dijo que el Código Penal no penaliza todos los bloqueos.
«No conozco la ley que diga que todo bloqueo es inconstitucional. Habrá unos bloqueos que son compatibles con el derecho a la protesta, habrá otros que no lo son porque son desproporcionados y afectan derechos de terceros y habrá otros que son delictivos. Eso deberán definirlo las autoridades judiciales y no por un decreto», dijo.