Cerca del 15% de los efectivos de grupos armados son menores de edad en Colombia. Actualmente, ese reclutamiento forzado de menores lo están haciendo, el ELN , Los Caparros, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC con un objetivo: ocuparlos en tareas de narcotráfico.
En el último año se tiene registro de que al menos 222 menores fueron víctimas de este flagelo.
Iván Díaz, experto en seguridad nacional, afirma que son usados “para la siembra de coca y marihuana, minería ilegal y como escudos humanos, que es la última figura que estamos viendo en la cual hacen uso masivo de civiles que no están ligados en el conflicto para protegerse del accionar policial y militar”.
La práctica ejercida en niños desde los 9 años, arrancados de sus familias como si se tratara de un impuesto de guerra, y considerada violatoria del Derecho Internacional Humanitario, se ejerce en casi todo el país.
Según Viviana Mora, procuradora delegada para la infancia, “preocupa el incremento de estos hechos en Antioquia, Cauca, Chocó, Meta, Guaviare, Nariño, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo y el sur de Bolívar. Tanto en contextos rurales como urbanos”.
Solo el año pasado, la coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia documentó 79 eventos de reclutamiento a menores.
Aún no se tienen registros claros de los niños reclutados por las FARC y cuántos han regresado a la vida civil. Tampoco existe un número exacto de los menores reclutados ahora por las disidencias y los otros grupos ilegales, pero hay investigaciones en curso por parte de la Fiscalía.