Un informe emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. Esto es cerca de tres veces la cifra que la jurisdicción recibió al empezar a indagar este fenómeno (2.248.
Así las cosas, los mal llamados ‘falsos positivos’ en Colombia no serían 2.248, como reportó la Fiscalía en su informe, sino que habría 4.154 víctimas más de estas ejecuciones extrajudiciales.
Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los seis territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación del Caso 03 de la JEP, que investiga este fenómeno.
La decisión de priorizar estas zonas, explicó la JEP, se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal.
El proceso arrojó, entre otros resultados, que de las por lo menos 6.402 víctimas registradas entre 2002 y 2008, el 66 % se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.
Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP.
Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78 % del total de la victimización histórica.
De acuerdo con la JEP, las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.