El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un primer borrador de referendo que busca reformar el sistema judicial colombiano y eliminaría o modificaría la Jurisdicción Especial para la paz (JEP).
Frente a la Rama Judicial, Uribe propone la creación de dos altas cortes, así como una o dos altas corporaciones judiciales que no tendrían funciones electorales respecto de otras ramas del poder público. De igual forma, los magistrados serían mayores de 55 años para periodos personales de 11 años o hasta una edad de retiro forzoso, elegidos por cooptación con aprobación del Senado.
En el borrador también se propone un tribunal de aforados para crear independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados.
“En cuanto a la JEP se propone derogarla o reformarla de fondo, en todo caso con garantías a los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus funciones se trasladarían a la jurisdicción ordinaria, pero se mantienen los beneficios judiciales. Otra alternativa : se reducirían los periodos de los actuales magistrados de la JEP, en todo caso, se proponen garantías judiciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas, una sala especial para los miembros de la Fuerza Pública con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, la estructura de mando, las reglas operacionales, los integrantes de la Fuerza Pública por delitos cometidos hasta el primero de diciembre de 2016”, señalo el expresidente.
Los integrantes de la Fuerza Pública, cuando hayan cumplido 5 años de condena efectiva, podrían solicitar la libertad condicional exceptuando los que hayan cometido delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado.
Uribe también sugiere la disminución de un 30% de los congresistas, así como la congelación del salario por seis años. Adicionalmente, las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrían ser miembros del Legislativo, ni de corporación alguna de elección popular, tampoco podrán ser elegidos para cargos unipersonales.
En el borrador de referendo se contempla que el homicidio en personas consideradas líderes sociales, de acuerdo con la ley, tendrá la sanción de homicidio agravado, sin subrogados penales ni penas alternativas menos severas.
También se establece que el Estado garantizará la gratuidad en la educación con focalización socioeconómica. Podrá hacerlo a través de instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias.
“El Estado apoyará con un recurso económico a las personas de mayor vulnerabilidad. Se focalizará de tal modo que ninguna persona esté por debajo de la línea de pobreza monetaria. La ley definirá la medición de pobreza y la gradualidad para erradicarla. El Estado entregará un bono pensional a los recién nacidos de hogares vulnerable (Solamente uno por familia).