La violencia en el país se ha recrudecido en las útlimas semanas con la reaparición de masacres en varios departamentos. La mayoría de las 40 víctimas son jóvenes, habitantes de zonas apartadas de Colombia.
Pero mientras el Gobierno asegura, por un lado, que la explicación sobre las masacres de los últimos días, está en el afán de los grupos criminales por hacerse con el control de las economías ilegales; por el otro, en el Congreso denuncian que el presupuesto para implementar el acuerdo de paz firmado con las Farc, que ayudaría a las regiones afectadas hoy por la violencia a salir adelante, está desfinanciado para el 2021.
Las masacres se han producido en Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y Arauca, departamentos afectados por la siembra de cultivos ilícitos y la minería ilegal.
Sin embargo, el año entrante habrá un billón de pesos menos en el presupuesto para la sustitución de cultivos, de acuerdo con el congresista de Cambio Radical José Daniel López.
El dato contrasta con lo que afirma el Consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, al hablar de la solución que requiere el país para frenar la violencia.
“Para el presidente Iván Duque la respuesta no es tropa, más tropa, más policía. Tenemos que tener una fuerte presencia de las instituciones y servicios esenciales y un enfoque que permita sustituir economías ilícitas por lícitas. Si no lo logramos el problema simplemente no se va a resolver”, dijo en una entrevista a la agencia EFE.
“Desde nuestra perspectiva, lo que está claro cuatro años después de la firma de la paz, es que el problema no eran tanto las Farc, sino las economías ilícitas y lo siguen siendo”, aseguró Guarín.
Pero López, quien le preguntó al presidente Iván Duque si “su legado será el de dejar pasar la oportunidad de la paz”, señala que faltan recursos por cerca de un billón de pesos para la Reforma Rural Integral; por 528.000 millones para los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet); 50.000 millones de pesos para la reincorporación de excombatientes y 84.000 millones para las víctimas.
Uno de los asuntos que más ha generado preocupación es el que tiene que ver con la sustitución de cultivos que es, según expertos, la estrategia a largo plazo para luchar contra las plantaciones ilegales.
Guarín afirmó que, tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, se dieron cuenta de que el problema no era la guerrilla. “El problema de fondo está en las economías ilícitas, en la debilidad de la presencia del Estado”, dijo.
“Otro de los asuntos clave es la estrategia de justicia local y rural que ayuda a llevar administración de justicia a 150 municipios Pdet. Que sea el Estado, no los grupos armados ilegales, el que imparta justicia en estos territorios”, dijo López, quien explicó que para esta estrategia se asignó solo el 4 por ciento del presupuesto necesario.
En definitiva, si el Gobierno de Duque no aumenta el presupuesto para la implementación del acuerdo, los habitantes de esas zonas en las que el Estado no hace presencia seguirán siendo presa de los grupos criminales, como lo afirma Guarín.
Fuente: diarioadn.co