Luego de su renuncia a su curul como senador de la República, los abogados del expresidente Álvaro Uribe solicitarán que el proceso por el que el exmandatario permanece en detención domiciliaria, pase de la Corte Suprema de Justicia a manos de la Fiscalía General.
Esta decisión, considerada por algunos como una estrategia para evadir el juzgamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, es criticada además porque al frente de la Fiscalía está Francisco Barbosa Delgado, amigo personal del presidente Iván Duque y quien trabajó en la campaña que lideró Uribe para llevar a Duque a la Presidencia.
La renuncia de Uribe fue aceptada en el Senado con 82 votos a favor y 12 en contra y en la discusión se trajeron a colación las palabras de Uribe en julio de 2018 cuando el proceso en la Corte estaba comenzando y según las cuales nunca ha buscado eludir a la Corte.
Uribe, a quien la Cote investiga por un presunto soborno y fraude procesal en un proceso donde presuntamente se intentaron manipular testigos en contra el también senador Iván Cepeda, dijo que la Corte violó ocho garantías procesales en su contra e insistió en una reforma a la justicia que muchos han interpretado como una manera de confrontar instancias que le son adversas.
Pero todavía no está claro si la renuncia al Senado puede cambiar el curso del proceso contra Uribe y pasar de la Corte Suprema a la Fiscalía. Para la defensa, el exmandatario quedaría por fuera de la órbita de la Corte Suprema, a la luz del artículo 235 de la Constitución.
Este señala en uno de sus parágrafos que así hayan cesado en el ejercicio de su cargo, mantienen su fuero aquellos cuyas conductas punibles tengan relación con las funciones desempeñadas.
En este punto se cita el caso del exsenador Yair Acuña, investigado por soborno dentro de un proceso que no tenía que ver son su función de legislador. Por eso, la propia Corte lo dejó en manos de la justicia ordinaria.
Sin embargo, ese cambio de jurisdicción no le permitiría la liberad inmediata al exsenador y tampoco cambiaría el momento procesal en el que se encuentra su caso.
En todo caso ese paso no es automático y será la Sala de Instrucción la que resuelva esa petición. Pero la definición de la suerte judicial que correrá el expresidente, ahora en su calidad de exsenador, puede tardar semanas o meses.
Fuentes del alto tribunal aseguran que la Sala Plena de la Sala de Instrucción primero tendrá que revisar un hábeas corpus que se presentó en Montería, pidiendo dejar en libertad a Uribe, y la petición de su defensa de quitarle la reserva al expediente. Además, la Corte está respondiendo cerca de 400 acciones de tutela.
Luego entrará a valorar si el expresidente queda fuera de su órbita judicial con su renuncia. Pero las posibilidades jurídicas no terminan ahí. Magistrados, exmagistrados y juristas que han expresado su opinión en medios de comunicación, coinciden en resaltar las complejidades de la discusión jurídica que se abrió ante la renuncia de Uribe.
De momento solo resta esperar hacia dónde lleva el caso el próximo paso dará la Corte Suprema de Justicia.