El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, fue privado de su libertad por la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga en un caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos.
La Sala de Instrucción de la Corte resolvió la situación jurídica de Uribe al decretar la medida de aseguramiento con el beneficio de detención domiciliaria.
“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, dijo Uribe en su cuenta de Twitter.
Más temprano, un grupo de congresistas de oposición había asegurado que se había desatado una campaña para sembrar la confusión en la opinión pública, y presionar a los magistrados de la Corte mediante amenazas.
El caso por el que la Corte ordenó la detención domiciliaria comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en contra de Uribe.
Sin embargo la denuncia se volvió en su contra cuando el magistrado José Luis Barceló archivó la archivó y decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda.
En medio del caso apareció el abogado Diego Cadena, defensor de Uribe, a quien la Fiscalía acusó la semana pasada, junto con un socio suyo, Juan José Salazar, de sobornar testigos para obtener declaraciones favorables a Uribe, por lo que pidió prisión domiciliaria para ellos.
Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz; de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares; de la Corte Constitucional, Alberto Rojas; del Consejo de Estado, Álvaro Namen, y del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, pidieron respeto a la independencia judicial.
“Por el valor superior de la democracia hacemos un llamado a confiar en la acción de los jueces, quienes toman sus decisiones con rigor y sensatez dentro del orden establecido por la Constitución Política y la ley”, aseguraron en un comunicado conjunto.
Añadieron que “en la democracia colombiana, la justicia se rige por el orden jurídico”. “Por eso, no solo los ciudadanos y los funcionarios de todo orden y jerarquía, sino las instituciones y quienes las representan tienen el deber de salvaguardar la integridad de las decisiones judiciales”.