Pese a la orden de un juez de suspender la Ley de Garantías, el presidente de la República, Iván Duque, sancionó la Ley del Presupuesto General que para el próximo año es de $69,6 billones.
La sanción presidencial va en contravía de lo que dictaminó el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual le ordenó al jefe de Estado y a los representantes legales del Gobierno abstenerse de dar aplicación a los cambios realizados a la Ley de Garantías.
No obstante, Duque ya había dicho que «un juez no puede ordenarle al presidente qué debe o no objetar».
La Ley de Garantías evita que la nómina estatal o la contratación directa se utilicen como medio para la campaña electoral para favorecer a uno o a varios candidatos. El Congreso aprobó la modificación de la ley con el objetivo de suspender el apartado que impide la celebración de contratos cuatro meses antes de elecciones.
No obstante, esta situación ha creado una controversia entre los sectores políticos del país, debido a que algunos analistas aseveran que esta acción permite que se realicen hechos de corrupción a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2022.
“Sancionamos la ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones”, señaló el jefe de Estado al compartir el documento con su firma.
Varios congresistas anunciaron demandas ante la Corte Constitucional para que tumbe la ley. “Desde ya anuncio que demandaré el artículo 125 de la ley del presupuesto frente a la Corte Constitucional, esperando que esta misma tenga prelación frente a otros casos dado la importancia del tema”, dijo la representante a la Cámara, Katherine Miranda.