La nueva reforma tributaria de la que se ha hablado casi que desde que comenzó la emergencia por el covid-19 será una realidad, de acuerdo con lo que dejan entrever funcionarios del Gobierno y agremiaciones.
Dicha reforma contemplaría, nuevamente, la ampliación del recaudo direccionada a las personas naturales y, además, una polémica propuesta: que un sector de la población pague el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todos los productos y servicios que consume.
La justificación para una nueva reforma (en Colombia todos los gobiernos dicen que no van a hacer una y cuando la hacen argumentan que la anterior quedó incompleta) es ahora la crisis por la pandemia.
Durante la emergencia las finanzas públicas se han visto exigidas por un aumento del gasto en cerca de 30 billones de pesos para atender la emergencia sanitaria y económica del país, y una disminución de los ingresos por cuenta de un menor recaudo de impuestos.
Esta situación llevó a que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal suspendiera por este año y el próximo el mecanismo que le fija topes al endeudamiento y mantiene controlado el déficit fiscal del país.
Pero los recursos que se están invirtiendo de manera extraordinaria se deben sacar de alguna parte, lo que para los analistas económicos le abre el camino a esta segunda reforma tributaria del gobierno de Iván Duque.
El Comité había dicho que el incremento previsto en el nivel de endeudamiento va a requerir a mediano plazo un esfuerzo mayor de la sociedad en términos de generación de ingresos tributarios.
Por eso no extraña que el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, cuyo salario básico mensual ronda los 13 millones de pesos, le dijera al diario El Tiempo que se debe ampliar la base de contribuyentes porque, según el funcionario, las empresas no pueden seguir ‘soportando’ la carga tributaria del país.
“Con el fin de mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas tendremos que efectuar, una vez superada la pandemia y analizados los impactos tanto en las finanzas públicas como en las personas, una reforma fiscal que conlleve a un aumento en el recaudo, a una mayor y mejor focalización del gasto público, así como a una reducción del tamaño del Estado”, dijo Londoño.
De acuerdo con el Viceministro, en materia de ingresos deben atacarse la elusión y la evasión de impuestos y analizar la eliminación de las exenciones tributarias.
“Las empresas no pueden seguir soportando la carga tributaria del país; las reformas introducidas en la ley de crecimiento, en cuanto a la disminución de la renta corporativa, no pueden perderse y tenemos que mantener y profundizar la capacidad competitiva de nuestras empresas para lograr un crecimiento sostenible en el mediano plazo”, afirmó.
Para el funcionario, un número muy reducido de personas paga impuestos en el país. Considera que la gran mayoría de los colombianos no son contribuyentes del impuesto sobre la renta por lo cual, explicó se tendrá que dar una discusión alrededor de ampliar la base de contribuyentes.
“Los países desarrollados concentran el pago de renta en las personas naturales y no en las empresas. Por el contrario, en Colombia las empresas soportan un porcentaje cercano al 80 por ciento del pago de ese impuesto. Debemos tener claro que en Colombia el 97 % de las empresas son mipymes y que estas tienen una carga impositiva demasiado alta. Adicionalmente, este año hemos visto la efectividad en el mecanismo de devolución del IVA para los más vulnerables”, dijo el Viceministro.
De acuerdo con Londoño, dentro de los principios de solidaridad y progresividad que deben tener los impuestos, aspira a que un sector de la población pague IVA en todos los productos y servicios que consumen.
Estas declaraciones llegan poco después de que directivos del sistema financiero, reunidos en un foro, dijeron que la reforma tributaria no se puede retrasar y que se debe ampliar la base de tributación, definir un nuevo Estatuto Tributario y revisar las exenciones.
La Superintendencia Financiera reveló que, durante 2019, las utilidades acumuladas de todo el sistema financiero fueron de 13,1 billones de pesos, de acuerdo con el diario La República, lo que representó un aumento de utilidades de 10,6 por ciento durante del año pasado, con respecto a 2018.
Solo los bancos reportaron 11 billones de pesos de ganancias, seguidos por las corporaciones financieras 1,9 billones, las cooperativas financieras 145.500 millones y las compañías de financiamiento 96.900 millones de pesos. La utilidad operacional fue explicada principalmente por el margen neto de intereses en 60,8 por ciento.