El Gobierno nacional ordenó una intervención en la Nueva EPS, una entidad que cuenta con una afiliación de 11 millones de personas.
Los desafíos de la Nueva EPS son evidentes a partir de las numerosas quejas y reclamaciones que recibe. Según un informe de la Superintendencia Nacional de Salud divulgado por Blu Radio, en el último año y hasta enero de 2024, esta EPS ha registrado la mayor cantidad de reclamos en el país, alcanzando la cifra de 298.510, lo que representa el 21% del total de reclamos en Colombia durante dicho período.
El presidente recién nombrado de la Nueva EPS, Aldo Cadena, presentó el pasado 13 de marzo un análisis exhaustivo de la situación financiera de la entidad, así como de las quejas y reclamos recibidos, junto con los indicadores de cumplimiento.
La EPS ha sufrido pérdidas superiores a los 411.000 millones de pesos al cierre del año 2023. Esto ha resultado en un patrimonio negativo, una deuda elevada con prestadores y proveedores, un aumento en los costos médicos, un presupuesto en déficit y un incremento exponencial de las quejas y solicitudes de tutelas.
Cadena afirmó: «Las EPS tienen deudas por valor de 25 millones de pesos (…) Hemos llevado a la quiebra a numerosos emprendedores y a una red hospitalaria. Ninguna entidad se ha librado de esta crisis».
La Nueva EPS está gastando más de lo que ingresa. En el año 2024, sus gastos superan los ingresos del año anterior.
Además, aunque en el año 2022 registró ganancias por valor de 10.400 millones de pesos, en 2023 experimentó pérdidas por valor de 411.383 millones de pesos.
Cadena denunció la existencia de pasivos ocultos, lo que ha motivado el inicio de una auditoría forense la semana siguiente para determinar el destino de estos recursos.
El patrimonio de la Nueva EPS en 2022 ascendía a 485.209 millones de pesos, pero en 2023 se desplomó a 73.826 millones de pesos.
«Creo que llego en un momento en que se está vertiendo la última gota que colma el vaso. Las EPS coincidimos en que nos encontramos en una crisis profunda», agregó Cadena.
La Nueva EPS ha expresado la necesidad de implementar un modelo de atención preventiva y predictiva en todo el territorio nacional, tras alcanzar un acuerdo con los accionistas y el Gobierno.
En cuanto a la Nueva EPS, la Contraloría ha evaluado el control fiscal interno de la entidad con respecto a la administración y ejecución de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) transferidos en 2022. La calificación consolidada de 1,515 puntos ubica a la EPS en la categoría de «con deficiencias», indicando que, aunque cuenta con controles establecidos, algunos de ellos son ineficaces.
La Contraloría ha identificado debilidades en la tramitación de facturas, el orden cronológico de los procesos de anticipo y la oportunidad en la legalización, lo que genera incertidumbre en los saldos finales de la EPS. También se han encontrado incumplimientos en los procesos de promoción y detección temprana, lo que afecta los recursos del SGSSS.
El informe revela cinco hallazgos administrativos, uno de los cuales tiene implicaciones fiscales por un monto de 2.425.932.370 COP. Se solicitará la apertura de una indagación preliminar y se evaluará el plan de mejora presentado por la EPS. La Contraloría ha instado a la entidad a subsanar las causas de los hallazgos identificados para garantizar la eficacia de las acciones emprendidas. El seguimiento de estas medidas se llevará a cabo a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI).