La convocatoria a una reunión con la Procuraduría para la Conciliación tuvo como propósito prevenir un litigio legal de considerable magnitud, el cual involucra una suma que supera los 117 mil millones de pesos. Dicha cantidad es objeto de reclamación por parte de la firma Thomas Greg a la Cancillería, a raíz de la declaración de desierta en la licitación de pasaportes.
La procuradora judicial Fernanda García corroboró la noticia de la conciliación fallida entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons en relación con la licitación de pasaportes en Colombia. A pesar de la disposición inicial de la Cancillería para llevar a cabo la conciliación, esta se desvaneció tras un cambio de abogado. Ahora, se prevé la realización de una nueva licitación, mientras la demanda permanece vigente.
En breve, Thomas Greg iniciará una demanda por daños económicos y perjuicio a la reputación del Estado, lo cual podría resultar en una demanda millonaria. Es crucial tener presente que, en la actualidad, el Gobierno mantiene un contrato de urgencia manifiesta con Thomas Greg, el cual continuará operando mientras persista la disputa legal hasta la resolución del proceso. Además, el Gobierno ha anunciado la implementación de un nuevo proceso licitatorio.
Es relevante destacar que la Cancillería colombiana aceptó la renuncia de Germán Calderón España, el abogado que representaba a esa dependencia y al Fondo Rotatorio en la conciliación sobre la licitación de pasaportes con la firma Thomas Greg and Sons. La comunicación ya fue entregada a la Procuraduría.
La aceptación por parte de la Cancillería de la renuncia de Germán Calderón se produjo después de que el abogado, días atrás, revelara que había presentado su renuncia antes del proceso de conciliación, pero esta no le fue aceptada.
En un documento, Calderón España señaló que no contaba con «registro de correo electrónico, WhatsApp ni correspondencia» en su apartamento, ni había recibido una llamada telefónica del señor Canciller ni de ningún otro funcionario de la Cancillería que le notificara la aceptación de la renuncia.
Por su parte, el nuevo abogado de la Cancillería, Ernesto Matallana, comunicó que en la audiencia de conciliación ante la Procuraduría y el tribunal administrativo de Cundinamarca, continuará abogando por la legalidad del acto que declaró desierta la licitación de los pasaportes. Esto fue expresado de la siguiente manera: «No se van a revocar porque ya se declaró fallido, entonces vamos a la instancia judicial y allá se va a confrontar la declaratoria de desierta, la legalidad de esas declaratorias de cierta, eso es lo que va a pasar».