La Fiscalía remitió una solicitud a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se lleve a cabo una investigación relacionada con las acciones del presidente Gustavo Petro en relación con la financiación de su campaña el año pasado.
Según la Fiscalía, los testimonios proporcionados por Nicolás Petro, hijo del presidente, sugieren que el presidente estaba al tanto de la entrada de fondos irregulares en su campaña. El documento citado por El Tiempo indica que «En esta diligencia, el señor Petro Burgos hizo algunas declaraciones sobre la presunta comisión de delitos, como el ingreso de fondos aparentemente irregulares a la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia.»
En consecuencia, la Fiscalía considera que existe suficiente información para proceder y verificar la autenticidad de las pruebas, lo que podría llevar a establecer la responsabilidad del presidente en este asunto.
Además, la Fiscalía explicó que, según el testimonio de Nicolás Petro, se deben investigar una serie de eventos, como la presunta financiación irregular por parte del empresario Euclides Torres en un evento que tuvo lugar cinco meses antes del inicio de la campaña.
El presidente Petro ha respondido a las acusaciones de la Fiscalía, afirmando que se trata de una persecución política contra su proyecto. A través de su cuenta en X, el mandatario argumentó que la Fiscalía se equivoca al basar sus acusaciones en un interrogatorio que no sigue procedimientos legales, y calificó la situación como un «golpe contra la Constitución».
Petro también cuestionó por qué los interesados en la investigación no verificaron la fecha del evento en cuestión, «para determinar si ese acto, la manifestación de la P en Barranquilla, estaba sujeto a la ley de financiamiento de campañas».
Según el presidente Petro, la decisión de la Fiscalía de remitir el caso a la Comisión de Acusaciones es un error que pone en peligro el equilibrio de poderes. En sus palabras, «Ante el grave error del interrogador de la Fiscalía, el fiscal general envía el caso a la comisión de acusaciones de la Cámara por un hecho que no es en absoluto irregular: una reunión política, que es un derecho, y que no formó parte de la campaña simplemente porque ocurrió cinco meses antes».