La Corte Constitucional tomó la decisión de revocar el decreto que declaraba la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, con un resultado de seis votos a favor y tres en contra.
Este fallo ha llevado a la declaración de inconstitucionalidad del decreto por parte del tribunal. No obstante, se ha otorgado un período de un año al Gobierno, en colaboración con las entidades y autoridades regionales, para abordar y legislar normativas destinadas a resolver la crisis.
Además, la Corte ha establecido efectos diferidos en su fallo, con el propósito de evitar la continuación de problemas en La Guajira, como los relacionados con el acceso al agua y la atención sanitaria.
El Gobierno había declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira mediante la emisión del Decreto 1085 de 2023 el 2 de julio. Tras esta declaración, se emitieron un total de 13 decretos con medidas específicas.
Sin embargo, hace poco más de un mes, la Procuraduría presentó una opinión ante la Corte Suprema en relación con este decreto de emergencia, solicitando su revocación. La entidad argumentó que era inconstitucional, ya que los hechos no eran «sobrevinientes» y podían abordarse y solucionarse mediante una adecuada gestión administrativa.
La Procuraduría sostuvo que la crisis en La Guajira era una cuestión estructural que podía ser superada por las autoridades mediante una gestión eficaz.
Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), expresó su desacuerdo con la opinión de la Procuraduría, argumentando que la problemática trascendía y requería una atención más profunda.
Es importante recordar que el Gobierno anunció recientemente que, a través del Departamento de Prosperidad Social, se asignarán recursos a 30.000 familias wayúu para mitigar la crisis en la región. Estos hogares beneficiarios recibirán un apoyo económico de 500.000 pesos después de las próximas elecciones de octubre.