La Registraduría Nacional junto a la Fiscalía General de la Nación adelantaron de manera conjunta una inspección judicial en las sedes de la Registraduría Especial y Auxiliar de Soledad (Atlántico) con el fin de avanzar en las investigaciones por anomalías detectadas en auditorías internas sobre presuntas inscripciones irregulares en el registro civil de nacimiento y la supuesta cedulación de migrantes.
En la diligencia, que fue anunciada en Barranquilla por el fiscal general, Francisco Barbosa, y el registrador Nacional, Alexander Verga, un equipo especializado del CTI de la Fiscalía recopiló documentos, videos, entrevistas y otros elementos de prueba con el propósito de identificar a los autores de estos hechos de corrupción que, según el ente acusador, se habrían realizado de manera sistemática.
«Los funcionarios que estarían vinculados a estas actividades irregulares podrían afrontar procedimientos disciplinarios y de responsabilidad penal», señala la Fiscalía en un comunicado.
Y agrega: «al parecer, estarían incurriendo en delitos contra la fe pública, por la presunta expedición de documentos de identidad y cédulas de ciudadanía a ciudadanos extranjeros que se encuentran en territorio nacional y que pretenderían participar en certámenes electorales en el país».
El registrador nacional, Alexander Vega, dijo que los registradores especiales fueron declarados insubsistentes y anunció la suspensión de la atención en esta sede mientras las autoridades avanzan con las pesquisas.
Esta inspección tiene lugar luego de que el diario El Heraldo revelara recientemente el testimonio de una persona sobre cómo de los archivos de la Registraduría de Soledad se le ubica “un progenitor colombiano” a los migrantes, según sus apellidos, para que obtengan la cédula o el registro civil que les permita acceder a la nacionalidad colombiana.