Un informe emitido desde el Congreso de la República asegura que el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) está desfinanciado y que solo un 2% de las familias tiene un proyecto en firme para continuar con el proceso.
El panorama no es nada alentador para estas zonas del país que han sido golpeadas por la violencia y vieron en la sustitución de cultivos el camino para obtener ingresos y dejar de lado el camino ilegal, pero la situación es crítica y el PNIS tendrían una dismición del 14% en su presupuesto.
El informe fue presentado por 14 congresistas de oposición e independientes y da una serie de recomendaciones para dar solución al problema de las drogas ilícitas y hace un diagnóstico de lo que se ha hecho en 38 años de lucha contra los cultivos ilícitos en el país.
“En el Trazador Presupuestal de Paz en el proyecto de Presupuesto 2021, hay una reducción del 14 por ciento en los recursos necesarios para dar solución al problema de los cultivos de uso ilícito”, se detalla en el informe del Congreso.
A esto se suma el hecho de que, según el documento, el costo del programa de sustitución de cultivos ilícitos es de 4,8 billones y su asignación de recursos ha ido disminuyendo, pasando de 510.000 millones de pesos en 2017 a 191.000 millones de pesos en 2020.
Esto coincide con la alerta lanzada hace algunas semanas por el congresista de Cambio Radical José Daniel López, quien habló de una posible desfinanciación del programa de sustitución al señalar que se requerían 1,2 billones para el próximo año y apenas se van a asignar 191 mil millones, un déficit del 84 por ciento.
Este programa es clave, pues si bien es más lento que la fumigación o la erradicación forzada, a largo plazo es el más efectivo. Hasta el momento se han vinculado 99.097 familias con acuerdos individuales, erradicando 41.513 hectáreas y el cumplimiento ha sido del 96 por ciento: solo ha habido un 0,2% de resiembra en áreas erradicadas voluntariamente, mientras que mediante la estrategia de erradicación forzada la resiembra llega al 50 por ciento.
No obstante, de las 99.097 familias vinculadas apenas 2, 1 por ciento tienen actualmente un proyecto productivo, que es a largo plazo la única manera de que estas personas abandonen definitivamente el cultivo de coca.