El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que desde el 29 de marzo la Defensoría del Pueblo ha estado presente en Puerto Leguízamo con misiones humanitarias que, a partir del día 1 de abril, se fortalecieron con funcionarios de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas y de diferentes delegadas, para dar apoyo al trabajo que, desde la Regional Putumayo, se ha venido desarrollando con la comunidad.
Durante las misiones, destacó Carlos Camargo, la Defensoría del Pueblo tuvo contacto directo con personas de la comunidad y escuchó diversas versiones sobre lo sucedido. En particular, explicaron: que durante los días 26, 27 y 28 de marzo se encontraban en una actividad tipo bazar, con un alto número de participantes provenientes de zonas aledañas; que las operaciones habrían iniciado con personal militar que usó uniformes distintos a los camuflados, y que en la operación militar habrían muerto 11 personas y resultaron heridas cinco, entre ellas, un militar.
Para la Defensoría del Pueblo resulta imperioso que la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su poder preferente, y la Fiscalía General de la Nación adelanten con la debida diligencia una investigación exhaustiva, rápida y de oficio que permita obtener información clara sobre lo sucedido. Son las llamadas a buscar la verdad sobre el desarrollo de la operación militar en la vereda El Alto Remanso en Puerto Leguízamo.
A la par, el Defensor del Pueblo recordó que la labor de la entidad no es de carácter investigativo, sino de acompañamiento a las comunidades en las distintas labores humanitarias en el territorio, brindando apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas y sus familiares.
Sobre el desarrollo de la operación llevada a cabo el 28 de marzo, el Defensor del Pueblo advierte la obligación de respetar las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en cuanto a los principios de precaución, distinción y proporcionalidad. “Es indispensable determinar si además de las víctimas ya identificadas, existen otras víctimas. Esto por cuanto algunas personas de la comunidad aseguran que hubo quienes cayeron en el río o trataron de huir del riesgo lanzándose al mismo”, aseguró Carlos Camargo.
Además, la Defensoría del Pueblo encontró que, durante los enfrentamientos se generaron daños a bienes civiles indispensables para la comunidad, y que existe un temor generalizado de represalias por parte de grupos armados que hacen presencia en la zona.
“Reiteramos la importancia de aplicar de forma rigurosa el DIH. Y, asimismo, aprovechamos para hacer un llamado enfático a los grupos armados ilegales para que respeten el principio de distinción que prohíbe involucrar a la población civil en la confrontación armada, ocultándose o usándolos como escudo», agregó el Defensor del Pueblo.
“Por esa razón requerimos a las autoridades del orden nacional y territorial que adelanten todas las gestiones para atender adecuadamente las necesidades de la comunidad y la protejan frente a los riesgos advertidos”, exhortó Carlos Camargo.
Finalmente, vale la pena recalcar que, para la Defensoría del Pueblo, la finalidad de las alertas tempranas es fundamentalmente de prevención humanitaria integral, para proteger y evitar la eventual ocurrencia de violaciones de derechos humanos de la población civil, y sus recomendaciones no se basan únicamente en el enfoque de seguridad por parte de la fuerza pública.