Los miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP responsables de más de 21.000 secuestros y los diez miembros de la Fuerza Pública, además de un tercero civil, que fueron imputados por el asesinato de, por lo menos, 120 personas en estado de indefensión para ser presentados como bajas en combate en Catatumbo (Norte de Santander) fueron llamados por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad a participar en las primeras audiencias públicas de reconocimiento que realizará la JEP desde cuando entró en funcionamiento.
En Bogotá, durante el 28 y 30 de marzo y el 1 de abril, se llevará a cabo la primera audiencia pública de reconocimiento. En presencia de organizaciones víctimas que han participado en el proceso judicial, las instituciones del Estado y la sociedad civil, que podrán seguir la diligencia en vivo, los máximos responsables de la extinta guerrilla, dentro del caso 01, conocido como secuestro, tendrán que dar a conocer si reconocen o no su responsabilidad frente al país por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes.
A través del Auto 019 de 2021, de Determinación de Hechos y Conductas, la magistratura también les había imputado otros graves crímenes cometidos en relación con los secuestros, como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado. De acuerdo con los hallazgos, las Farc-EP ejecutaron los secuestros con tres finalidades: 1) financiar sus operaciones militares, 2) forzar el intercambio de guerrilleros presos y 3) secuestrar para controlar el territorio donde hicieron presencia.
Para llegar a este momento, la Sala de Reconocimiento de Verdad contrastó 17 informes, 38 versiones individuales y 8 versiones colectivas en las que participaron 257 comparecientes. Un total de 1.028 víctimas, de las 2.456 acreditadas, hicieron observaciones a las versiones. La Sala de Reconocimiento también incluyó en la contrastación la información aportada por la Fiscalía General de la Nación en 56 tomos de análisis y documentos incautados a la extinta guerrilla en diversas operaciones militares. Además, tras hacer pública la imputación, ordenó 16 audiencias territoriales y nacionales, en las cuales se garantizó la participación de las víctimas. En el caso 01 están acreditadas 2.899 víctimas y de estas, 300 presentaron observaciones al reconocimiento escrito que hizo el antiguo Secretariado de las Farc-EP.
Segunda audiencia de reconocimiento
La segunda audiencia de reconocimiento de verdad se llevará a cabo el 21 y 22 de abril. El lugar, la metodología y el programa de la audiencia se están concertando con las víctimas, en el marco del proceso restaurativo que puso en marcha la JEP con el Auto 208 de 2021. Allí, frente a las víctimas y el país, 10 máximos responsables de la fuerza pública, entre ellos un general y 4 coroneles, además de un tercero civil, imputados dentro del caso 03, conocido como el de ‘falsos positivos’, tendrán la oportunidad de reconocer su responsabilidad por el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.
A través del Auto 125 de 2021, de Determinación de Hechos y Conductas, los magistrados concluyeron que los comparecientes actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. De acuerdo con la investigación, los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate”.
Para llegar a este momento, la Sala contrastó 8 informes, 41 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales, incluyendo terceros civiles que colaboraron con las unidades militares), las observaciones de las víctimas acreditadas y de la Procuraduría a las versiones. También hubo inspecciones judiciales a 21 procesos de la jurisdicción ordinaria y 28 de la jurisdicción penal militar, así como la contrastación y análisis de 258 libros de documentos oficiales obtenidos en los archivos de la Brigada 30 y del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’.