La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional a un punto de la implementación del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc.
Al estudiar cinco tutelas presentadas por excombatientes ubicados en Nariño y Guaviare que reclamaban medidas de protección por amenazas y riesgos de seguridad en sus territorios por presencia de grupos armados, la Corte estimó que existe una grave crisis que ha afectado de modo grave, sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz.
La determinación mayoritaria de la Corte establece la creación de una sala especial de seguimiento, similar a la que ha creado este alto tribunal en el tema de desplazamiento y del problema penitenciario, que verificará las órdenes dadas al gobierno para la protección de los excombatientes y dicha sala deberá verificar junto con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría un seguimiento a las instrucciones de la Corte.
“Es absolutamente grave para la democracia que 270 excombatientes y firmantes de un acuerdo de paz hayan sido asesinados tras un proceso que puso fin a medio siglo de guerra, pues esta cadena de crímenes socava la confianza de los reincorporados en el Estado, al que durante tantos años combatieron”, señala la ponencia.
Tras firmar la paz el 24 de noviembre de 2016, unas 13.000 personas, incluidos 7.000 combatientes, se desmovilizaron bajo la supervisión de la ONU para ingresar a la vida civil y formar un partido político llamado Comunes.
De acuerdo con las cifras del Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el 2021 se registraron 43 hechos de agresiones contra los excombatientes, pero desde que se firmaron los acuerdos, es decir desde septiembre de 2016 hasta enero de 2022, se han registrado 299 casos.
Mientras que se reportan 43 excombatientes asesinados o desaparecidos durante todo el año pasado en diferentes departamentos como Nariño, Cauca, Chocó, Caquetá y Putumayo.