Vera comenzó su trabajo como activista a los 9 años en Colombia, donde ejercer el ambientalismo es considerado letal, al fundar el movimiento «Guardianes por la Vida». Ganó notoriedad como embajador de buena voluntad de la Unión Europea y primer defensor climático para América Latina de Unicef.
«Expresamos nuestra preocupación grave ante los persistentes ataques virtuales, incidentes de intimidación y acoso digitales, incluyendo amenazas de muerte, en contra de (…) Vera», aseguran cinco expertos de Naciones Unidas en la misiva, fechada el 29 de agosto.
Liderados por Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, advierten que los ataques «parecen estar directamente relacionados con sus actividades pacíficas en defensa de los DDHH y en torno a la justicia climática».
La carta señala como punto inicial de la situación de Vera una amenaza desde una cuenta anónima de la red social X en enero de 2021: «[Le] corto los dedos para ver si va a seguir hablando de ambientalismo y dignidad», decía.
En los días siguientes, la madre de Vera, Ana María Manzanares, denunció múltiples visitas a su casa de la fiscalía, la Policía Judicial y otros organismos del Estado.
«Nos preocupa (…) que muchos de estos ataques digitales habrían sido iniciados o agravados por personalidades políticas de Colombia, algunos de ellos con cargos de elección popular», completa el texto.
Ese mismo año, el joven y su familia tuvieron que exiliarse en España por medio de un programa para la protección de ambientalistas. Según los relatores, a lo largo de 2022, 2023 y 2024 los ataques y amenazas «siguieron», además de ser blanco recurrente de «información falsa».
Lawlor precisa en la carta que «debido a la percibida inacción frente a tales ataques, se habrían extendido también fuera de Colombia e incluso habrían alcanzado España». «Muchas gracias a la relatora (…) por esta carta dirigida al Gobierno de #Colombia sobre la persecución en razón a mi labor como defensor de #DDHH», reaccionó Vera este miércoles en X.
Colombia y España respondieron la misiva a finales de octubre con un listado de acciones de seguridad para el menor, informó la ONU. Según la oenegé Global Witness, Colombia es el país más letal para los activistas medioambientales, con 79 de los 196 asesinatos de estos defensores registrados en todo el mundo en 2023.