El presidente Gustavo Petro anunció la destitución del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por su participación en la adjudicación del contrato de pasaportes en Colombia a la empresa Thomas Greg & Sons. Al enterarse de la noticia, Salazar manifestó: «Me voy feliz».
Petro, a través de su cuenta oficial en X, acusó a Salazar de traición y afirmó: «Su destitución es inmediata. El contrato es corrupto y permite la concentración de datos privados en manos de una única empresa privada. Se debe iniciar una investigación penal».
Según fuentes consultadas por RCN Radio, ni el canciller (e) Luis Gilberto Murillo ni el presidente Gustavo Petro estaban al tanto de las decisiones de Salazar, quien otorgó el contrato a Thomas Greg sin su conocimiento.
El contrato, valuado en más de 599.000 millones de pesos, fue otorgado a Thomas Greg & Sons mediante una resolución emitida por Salazar, omitiendo un proceso de adjudicación anterior que estaba siendo impugnado legalmente.
En una entrevista con Noticias Caracol, Salazar declaró: «Si este es el resultado de cumplir estrictamente con la Constitución y la ley, me voy feliz». Afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no enfrentaría problemas y que los colombianos recibirían sus pasaportes gracias al proceso de licitación llevado a cabo con todas las garantías legales.
Salazar defendió su decisión argumentando que, tras un análisis detallado de las normativas constitucionales y de contratación estatal, determinó que revocar la decisión previa de declarar desierta la licitación era lo correcto.
Respecto a la consulta con el canciller encargado sobre la adjudicación del contrato, Salazar afirmó que no era necesaria, ya que contaba con las facultades de representación del Fondo Rotatorio. No obstante, resaltó la importancia de cumplir con la Constitución y la ley.
A pesar de su destitución, Salazar anunció que apelaría la decisión mediante un recurso de reposición y denunció la cancelación arbitraria de su acceso a SECOP II, plataforma utilizada para informar sobre decisiones contractuales, lo que consideró un bloqueo injustificado de sus funciones como ordenador del gasto del Ministerio.